RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.– La Procuraduría General de la República (PGR) recibió una querella interpuesta contra Bartolomé Pujals, director de la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información (Ogtic), y Lorenzo Ramírez, director de Pasaportes, por una supuesta malversación de RD$4 mil millones mediante contratos de alquileres de inmuebles sobrevaluados.
La denuncia fue presentada por la Fundación Primero Justicia, liderada por el expresidente del Colegio de Abogados, Miguel Surun Hernández, quien acusó al Banco de Reservas de facilitar la legitimación de capitales ilícitos provenientes de fondos públicos.
Surun Hernández calificó como preocupante el hecho de que 16 niveles del Edificio Corporativo Vista 311 fueran arrendados por RD$1,440 millones, el mismo valor por el cual el Banco Popular vendió el edificio completo.
“Se observa una asociación fraudulenta entre altos funcionarios estatales y sus allegados del sector privado, con el objetivo de desfalcar al Estado mediante arrendamientos de inmuebles a precios exorbitantes”, explicó Surun Hernández.
El dirigente señaló que allegados de los directores compraron el inmueble por un monto inferior al arrendamiento pactado con la entidad estatal.
Surun Hernández agregó que el grupo implicado aprovechó una circular de la Dirección General de Compras y Contrataciones, emitida el 3 de febrero de 2022, que permite la adjudicación directa de contratos de arrendamiento, seleccionando previamente al beneficiario.
Indicó además que los querellados usan la inmobiliaria del Banco de Reservas en los procesos de licitación, aparentando que el banco es propietario de los inmuebles para ocultar la contratación a precios inflados.
El abogado afirmó que esta misma práctica se ha observado en la Dirección de Pasaportes.
