RDÉ DIGITAL, ESTADOS UNIDOS (EFE).- Activistas, beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) y líderes comunitarios se reunieron este lunes en el Parque Lafayette, frente a la Casa Blanca, para instar al presidente Joe Biden a extender el programa que protege a más de 860,000 inmigrantes de países afectados por conflictos, desastres o crisis extraordinarias.
El empresario salvadoreño José Urias, beneficiario del TPS desde hace casi 24 años, expresó su preocupación ante el posible fin de esta protección, que expira el 9 de marzo de 2025. “Presidente Biden, usted puede hacer la diferencia. Por favor, proteja a mi familia, a mis empleados y este sueño americano”, afirmó Urias, quien emplea a más de 50 personas en Massachusetts.
Riesgo bajo una nueva administración
El llamado surge ante el regreso del expresidente Donald Trump, quien durante su mandato intentó eliminar el TPS para seis países, incluyendo El Salvador y Haití. Según Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros, Trump podría retomar esta postura e invocar una emergencia nacional para emprender deportaciones masivas.
“La situación es más peligrosa ahora porque han aprendido de errores anteriores”, advirtió Alvarado. Por ello, organizaciones como la Alianza TPS han urgido a Biden a extender la protección por 18 meses adicionales, asegurando que el mandatario tiene la autoridad legal para hacerlo.
Aportes económicos y sociales de los beneficiarios
Los participantes destacaron el impacto positivo de los beneficiarios del TPS en la economía y su arraigo en Estados Unidos. Muchos de ellos tienen hijos nacidos en el país y han contribuido al desarrollo de sus comunidades.
Oscar Chacón, de Alianza América, subrayó que la extensión automática de los permisos de trabajo descongestionaría los procesos del Servicio de Inmigración y permitiría a los migrantes prepararse ante posibles cambios.
Nuevas solicitudes de TPS
Además de la extensión para los actuales beneficiarios, congresistas y grupos civiles han pedido que se incluya a inmigrantes de Guatemala, Ecuador y Colombia debido a la violencia que los ha desplazado. También exigen que se amplíen las fechas de elegibilidad para los 16 países ya beneficiados.
