RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La reciente propuesta del presidente Luis Abinader de aumentar un 20 % el salario mínimo para empleados del sector privado no sectorizado ha generado un amplio debate entre sectores económicos, sociales y empresariales de la República Dominicana.
Aunque la medida ha sido bien recibida como una respuesta necesaria a la pérdida del poder adquisitivo, diversos actores destacan la importancia de evaluar aspectos como la inflación, la productividad y las reformas laborales pendientes.
Héctor Valdez Albizu, gobernador del Banco Central, afirmó que la medida busca mejorar las condiciones de los trabajadores más vulnerables.
“Un aumento de este tipo no solo compensa la pérdida del poder adquisitivo, sino que también dinamiza la economía al incrementar el consumo”, expresó Valdez Albizu durante una ofrenda floral en conmemoración del natalicio de Juan Pablo Duarte.
Por su parte, representantes de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) reconocieron la necesidad de un ajuste salarial, pero señalaron desafíos económicos que podrían limitar su implementación.
Iván García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, expresó su disposición a negociar, aunque insistió en que una reforma al Código Laboral sería clave para permitir mayores aumentos.
La Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom) subrayó la importancia del diálogo tripartito en el Comité Nacional de Salarios (CNS) como mecanismo para discutir la propuesta presidencial.
Laura Peña Izquierdo, presidenta de Copardom, enfatizó que este espacio debe considerar tanto las necesidades de los trabajadores como las condiciones económicas de las empresas.
“Es fundamental analizar la inflación acumulada, las proyecciones económicas y la productividad para garantizar que el aumento sea sostenible para todos los sectores”, señaló Peña Izquierdo.
Los principales gremios sindicales, como la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) y la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria (Fenti), han solicitado que el aumento salarial incluya también a empleados públicos y sectores como el turismo y las zonas francas.
Gabriel del Río, líder de la CASC, destacó que, aunque la propuesta es positiva, un 20 % no es suficiente para enfrentar el costo de vida actual.
“Estamos dispuestos a discutir y apoyar el aumento, pero creemos necesario un Pacto Nacional por el Salario que garantice mejoras más amplias y equitativas”, afirmó Del Río.
Desde el ámbito académico, el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) advirtió sobre posibles efectos adversos.
Según Miguel Collado, vicepresidente de CREES, los aumentos al salario mínimo no son una solución definitiva para mejorar el poder adquisitivo. “Lo más efectivo sería promover inversiones que generen empleos de mayor calidad y adoptar políticas fiscales responsables”, argumentó.
El incremento salarial deberá ser discutido en el CNS, conforme a lo estipulado en el Código de Trabajo, que exige revisiones periódicas de las tarifas mínimas. Los distintos sectores coinciden en la necesidad de llegar a un consenso que beneficie a los trabajadores sin comprometer la estabilidad económica de las empresas.
