RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Una nueva fase de deliberación legislativa se abrió en el Congreso Nacional luego de que Namphi Rodríguez, presidente de la Comisión para la Libertad de Expresión (CCLEX) del Poder Ejecutivo, propusiera eliminar del proyecto de reforma a la Ley 61-32 el artículo que plantea regular el uso de redes sociales.
La propuesta de Rodríguez no logró consenso unánime en el seno de la comisión ejecutiva, donde algunos integrantes consideran necesario mantener la regulación digital en la nueva legislación. Así lo manifestaron este miércoles el presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Aurelio Henríquez, y el abogado Eric Raful, durante una sesión de trabajo con la comisión especial del Senado encargada de estudiar el proyecto.
“Estoy de acuerdo con que se mantenga. Creo que el Congreso debe preservar este tipo de controles. Las plataformas digitales tienen un impacto extraordinario. “Este derecho debe quedar claramente establecido”, expresó Henríquez, al referirse al marco normativo para creadores de contenido en YouTube, Facebook y X (antiguo Twitter).
Por su parte, Raful advirtió que la sugerencia de eliminar dicha regulación “no es conveniente” y que lo ideal sería que la normativa se mantenga integrada al proyecto de ley.
Posturas enfrentadas
Mientras algunos sectores de la comisión gubernamental prefieren un enfoque cauteloso para alcanzar mayor respaldo social, Rodríguez ha abogado por un modelo regulatorio independiente para las plataformas digitales, en lugar de un enfoque convergente. A su juicio, posponer el debate permitiría alcanzar consensos más sólidos.
En ese contexto, la comisión del Poder Ejecutivo entregó al Senado un glosario con definiciones sobre redes sociales, con el fin de esclarecer conceptos claves de la propuesta legislativa. “La libertad de expresión no es solo un derecho de periodistas, es universal. “Todo el que tenga algo que decir debe enriquecer este proyecto”, expresó Rodríguez.
También se discutieron puntos como la neutralidad de la red, la declaración del internet como un derecho y la creación del Instituto Nacional de Comunicaciones (INACOM), entidad que sustituiría a la actual Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía (CNEPR) en caso de aprobarse la ley.
Participación ciudadana
Desde que el proyecto ingresó al Senado el pasado 2 de mayo, diversos influenciadores y generadores de contenido han cuestionado la constitucionalidad de regular las redes sociales. Ante estas inquietudes, la senadora Aracelis Villanueva, presidenta de la comisión especial legislativa, anunció que recibirán a cualquier ciudadano que desee manifestar preocupaciones sobre la iniciativa.
“Estamos abiertos a que esos sectores nos señalen qué aspectos del proyecto consideran inconstitucionales, para analizarlos”, indicó. Asimismo, no descartó convocar a vistas públicas como parte del proceso de revisión.
¿Regular la libertad de expresión?
El senador Félix Bautista intervino en la sesión para aclarar que el proyecto es garantista de derechos fundamentales. “La Constitución establece que los derechos fundamentales se regulan mediante leyes. “Así como se regula el derecho a la educación o a la salud, también debe regularse el derecho a la libre expresión”, argumentó.
Leyes orgánicas vs. leyes ordinarias
La discusión también ha traído al centro del debate la diferencia entre leyes orgánicas y ordinarias. Según el artículo 112 de la Constitución dominicana, los derechos fundamentales solo pueden ser regulados por leyes orgánicas, las cuales requieren el voto favorable de dos tercios de los presentes en ambas cámaras del Congreso. En cambio, las leyes ordinarias se aprueban por mayoría absoluta de los presentes.
El destino del polémico artículo y de toda la reforma recaerá en la comisión legislativa, que deberá entregar un informe final para someterlo a votación. Mientras tanto, el país se mantiene atento a un debate que toca una de las fibras más sensibles de la democracia: el derecho a expresarse libremente en la era digital.
