RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) expresó este domingo su vigilia frente a la posibilidad de que el Gobierno y los legisladores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) promuevan una nueva ley que cree una agencia de investigaciones e inteligencia estatal, la cual, según el PLD, podría vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos.
José Dantés Díaz, miembro del Comité Político y secretario jurídico del PLD, saludó la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de declarar la Ley 1-24, que creaba la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), como no conforme con la Constitución.
El dirigente peledeísta subrayó que la ley violaba los derechos fundamentales de los ciudadanos, como la intimidad, la libertad de expresión y el derecho a la información.
Dantés Díaz explicó que, tal como lo determinó el TC, la Ley 1-24 violó el procedimiento constitucional establecido para la tramitación de leyes orgánicas, pues el Congreso Nacional confundió intencionalmente su naturaleza, al tratarla como una ley ordinaria.
Resaltó que, según dicha ley, la DNI podría requerir información de instituciones del Estado, personas físicas o jurídicas, tanto públicas como privadas, sin necesidad de una orden judicial.
Esto, según Dantés Díaz, representaba una vulneración a la privacidad y un riesgo para la libertad de prensa, pues no había una clara delimitación de las prerrogativas de la agencia para requerir información.
El secretario jurídico del PLD también indicó que dicha disposición resultaba tan vaga que permitía interpretaciones amplias, como la posibilidad de que la Presidencia de la República pudiera solicitar datos encriptados o información de mensajerías electrónicas, sin ningún control o justificación, lo que resultaba en un ejercicio arbitrario y excesivo del poder estatal.
Dantés Díaz añadió que la ley violaba además principios internacionales como el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros acuerdos sobre la libertad de expresión y el secreto de las fuentes periodísticas.
Por su parte, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, explicó que la sentencia del TC sobre la Ley 1-24 se basó en un error de procedimiento en la creación de la norma, no en su contenido.
Peralta afirmó que el TC no cuestionó las violaciones a los derechos fundamentales que alegó el PLD, sino que la anuló por no haber cumplido con los requisitos constitucionales para el tratamiento de una ley orgánica.
A pesar de que la ley fue aprobada por amplias mayorías en ambas cámaras del Congreso, el TC consideró que no se convocó a sesión de acuerdo con lo que establece la Constitución para el tratamiento de una ley de esta naturaleza.
El funcionario subrayó que el fallo del TC resalta la importancia de seguir rigurosamente los procedimientos establecidos para la aprobación de leyes orgánicas. El Gobierno, a través del comunicado, expresó su respeto por la decisión del TC y su compromiso con el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legislativas.
Además, recordó que ya está en análisis una nueva propuesta de reforma de la Ley 1-24, que surgió de un consenso entre el Gobierno y diversos sectores de la sociedad civil, y que busca fortalecer las instituciones democráticas y proteger los derechos de los ciudadanos en el ámbito de la seguridad nacional.
El Gobierno también subrayó que las irregularidades mencionadas en el fallo pueden ser subsanadas mediante el cumplimiento del procedimiento correspondiente en el Congreso Nacional, dejando abierta la posibilidad de una reforma que cumpla con los requisitos constitucionales y que respete los derechos fundamentales de los ciudadanos.
