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Población espera reforma fiscal no sea letal para pobres y clase media

RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Luego de que el gobierno del presidente Luis Abinader presentara su proyecto de Ley de Modernización Fiscal, una reforma que busca aumentar la recaudación tributaria en más de 122 mil millones de pesos, surgieron distintas opiniones del pueblo y de expertos en el área.

Este dinero se destinaría a importantes áreas como la inversión social, el sector salud y la mejora del Sistema Integrado de Transporte.

El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, subrayó la necesidad de esta reforma ante el déficit fiscal que enfrenta el país, que asciende al 3 % del Producto Interno Bruto (PIB) y que ha persistido durante más de 20 años.

En un contexto de creciente demanda por servicios públicos y bienestar social, Vicente enfatizó que el aumento en la recaudación es fundamental para financiar proyectos que beneficien a la población.

Durante el programa N Investiga, varios economistas expresaron sus opiniones sobre la reforma. Jaime Aristy Escuder argumentó que el país realmente necesita una reforma tributaria para poder atender las deficiencias estructurales en el sistema fiscal.

Por otro lado, Henry Hebrard advirtió sobre los costos políticos que podría conllevar la implementación de la reforma, pero insistió en que es crucial sopesar estos costos frente a las consecuencias de no hacer cambios significativos.

El proyecto propone una serie de medidas para lograr los objetivos de recaudación, incluyendo el aumento de impuestos y la reducción de la carga tributaria para las micro, pequeñas y medianas empresas.

Una de las modificaciones más notables es la eliminación de los anticipos fiscales, que ahora se calcularán en base a las ventas del año actual en lugar de las del año anterior.

Iván García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, expresó su satisfacción con este cambio, considerándolo una mejora significativa para el sector.

Otro aspecto clave de la reforma es la renombrada transición del ITBIS al IVA (Impuesto al Valor Agregado), lo cual busca estandarizar el sistema tributario dominicano con los de otros países de América Latina y Europa.

La reforma establece una tasa única del 18% que aplicará a varios productos, incluidos algunos que antes tenían un impuesto del 16%.

Sin embargo, se ha decidido mantener exentos de gravámenes a siete alimentos básicos: pan, pollo, arroz, leche, huevo, plátano y yuca. A pesar de estas exenciones, economistas como Aristy Escuder y Hebrard han señalado que la habichuela debería haber sido incluida en esta lista.

Asimismo, la reforma contempla un aumento de los impuestos sobre bebidas azucaradas, ajustándose según el grado de azúcar añadido.

Esta medida busca desincentivar el consumo de estas bebidas, una estrategia que ha mostrado eficacia en otros países como México, Reino Unido y Sudáfrica, donde se ha registrado una disminución en las enfermedades crónicas asociadas con el consumo elevado de azúcar.

Mientras algunos sectores ven la reforma como una solución necesaria para enfrentar los desafíos fiscales del país, otros expresan su preocupación por el impacto que tendrá en la población más vulnerable.

La incertidumbre sobre cómo se implementarán estas medidas y sus efectos en la clase media y los más pobres es un tema candente de discusión.

La sociedad dominicana ahora espera que esta Ley de Modernización Fiscal no solo contribuya a mejorar las finanzas públicas, sino que también se traduzca en un beneficio real para todos los ciudadanos.

El futuro inmediato de esta reforma será crucial para determinar su aceptación y su capacidad para impulsar un desarrollo más equitativo en el país.

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