RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.– El Poder Judicial de la República Dominicana dejó de percibir alrededor de 143,912.2 millones de pesos en las últimas dos décadas. Así lo revela un análisis del economista y experto en presupuesto público Nelson Suárez. Además, el estudio señala un incumplimiento sostenido de las asignaciones establecidas por ley.
De acuerdo con el informe, entre 2005 y 2025 el Poder Ejecutivo debió transferir al sistema judicial 276,053.4 millones de pesos. Sin embargo, solo se asignaron 132,141.2 millones. En consecuencia, se registra una brecha negativa de más de 143 mil millones de pesos.
El análisis precisa que el sistema de justicia recibió apenas el 1.27 % de los ingresos del Fondo General. No obstante, la normativa establece una asignación mínima del 4.10 %. Por lo tanto, el Poder Judicial obtuvo menos de la mitad de los recursos que le corresponden.
El promedio anual no entregado asciende a 6,852.96 millones de pesos. Asimismo, el estudio indica que el Gobierno Central acumuló ingresos superiores a 10 billones de pesos en el período evaluado.
Brecha presupuestaria afecta al sistema de justicia
El informe detalla que el año con mayor diferencia fue 2024. En ese período, la brecha alcanzó los 20,253.7 millones de pesos. En cambio, el año 2006 registró la menor diferencia, con 1,147.3 millones.
Según el análisis, esta situación ha generado tensiones dentro del sistema judicial. Además, ha impulsado reclamos de jueces y servidores judiciales en distintos momentos.
En mayo reciente, magistrados de varias jurisdicciones realizaron un paro nacional. La protesta buscaba mejoras salariales, aplicación del manual de compensaciones y mayor personal en tribunales. Por consiguiente, se suspendieron audiencias y servicios judiciales en todo el país.
Reclamos y ajustes en el Poder Judicial
El movimiento contó con el respaldo de 450 jueces, lo que representa el 61 % de la judicatura. Asimismo, tras la paralización, el Consejo del Poder Judicial anunció medidas de ajuste.
Entre las decisiones adoptadas figura un aumento salarial del 30 % para jueces y personal administrativo. Este incremento se aplicará de forma gradual entre 2026 y 2027. Además, se aprobaron ajustes de entre 35 % y 50 % para personal de apoyo jurisdiccional.
De igual forma, se dispuso el pago retroactivo de compensaciones por suplencias, ascensos y traslados. También se anunció la regularización de servidores interinos.
Las asociaciones de jueces valoraron positivamente los acuerdos. En consecuencia, consideraron que se trata de una respuesta a demandas históricas del sector.
Finalmente, el Ministerio de Hacienda reconoció los reclamos del sistema judicial. Sin embargo, indicó que el cumplimiento de los acuerdos dependerá de la disponibilidad financiera del Estado.
