RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La recién promulgada Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), ha generado una ola de preocupación entre diversos sectores de la sociedad civil dominicana. La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) ha sido una de las primeras en expresar su inquietud.
Los artículos 9, 11 y 26 de la ley, que establecen la obligatoriedad de suministrar información a la DNI, son vistos como una amenaza directa contra la libertad de prensa, el derecho a la privacidad y el secreto profesional.
El artículo 9 permite al DNI investigar cualquier actividad que se considere una amenaza para los intereses nacionales.
Mientras que el artículo 11 obliga a todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas a proporcionar a la DNI cualquier información que requiera para salvaguardar la seguridad nacional.
Para el artículo 26 se establecen sanciones penales para aquellos que oculten información requerida por la DNI.
Además de la Finjus, otros sectores han expresado su oposición a la ley. El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) ha manifestado su desacuerdo, argumentando que viola garantías constitucionales.
El Consejo de la Unidad Evangélica (CODUE) también ha mostrado su rechazo, considerando que amenaza el secreto profesional y la libertad de prensa. Las compañías telefónicas han expresado preocupación por la ley, ya que podría violar el derecho a la intimidad de los ciudadanos.
Francisco Domínguez Brito, exprocurador de la República, ha criticado la ley, argumentando que deja al Ministerio Público en una posición débil.
El presidente Luis Abinader ha afirmado que convocará a un diálogo con los sectores que se oponen a la ley, con el objetivo de que se pueda interpretar correctamente. Según el presidente, hay una confusión sobre el origen de la ley, que está basada en los retos que enfrenta el país en términos de ciberseguridad.
Estas preocupaciones y el llamado al diálogo por parte del presidente muestran la importancia de un debate abierto y transparente sobre la ley y sus implicaciones para los derechos de los ciudadanos. La sociedad civil dominicana sigue atenta a los próximos pasos en este importante debate.
