RDÉ DIGITAL SANTO DOMINGO. El proyecto de la presa Monte Grande, el cual inició en 2013 y se inauguró oficialmente en 2020, tenía como objetivo desarrollar la región suroeste de la República Dominicana y utilizar más de 700,000 tareas de terreno. Sin embargo, la realidad para las 560 familias desplazadas de las provincias Azua y Barahona ha sido muy diferente a lo prometido. Estas familias cedieron sus tierras para la construcción del embalse y aún esperan ser reubicadas como se les prometió.
Desde el inicio de la construcción, el proyecto ha enfrentado desafíos significativos que han impactado severamente a las comunidades desplazadas. Muchas de las familias que cedieron sus tierras todavía no han recibido terrenos cultivables. Las áreas asignadas están anegadas y no son aptas para la agricultura, limitando drásticamente las posibilidades de subsistencia para quienes dependían de la producción agrícola.
Además, las comunidades reubicadas enfrentan una carencia de servicios esenciales, como alimentos y recursos básicos. Esta falta de infraestructura adecuada ha llevado a que muchas familias abandonen sus nuevos hogares debido a la imposibilidad de mantenerse, exacerbando su sufrimiento. A pesar de los acuerdos firmados, el gobierno central ha fallado en cumplir con las promesas de reubicación y compensación. Solo se ha completado parcialmente la reubicación y la entrega de tierras, dejando a las familias en una situación de incertidumbre y desconfianza.
El costo total de la construcción de la presa Monte Grande ha sido considerable, no solo en términos financieros sino también en el impacto social. Más de 560 familias han sido desplazadas, enfrentando dificultades para adaptarse a sus nuevas condiciones de vida. La falta de medios de subsistencia y tierras cultivables ha generado un alto costo social. La destrucción de terrenos agrícolas y la falta de compensación adecuada para los agricultores han tenido un impacto negativo en la producción agrícola local, exacerbando las dificultades económicas de las comunidades afectadas.
Manuel Antonio Pérez, líder comunitario, ha señalado que las familias desalojadas, provenientes de Los Güiros, La Meseta, San Simón y Hato Nuevo, viven en viviendas adecuadas pero sin medios para generar ingresos. Santo Esteban, presidente del Comité de Protección y Defensa de desalojados por la presa de Monte Grande, ha criticado la falta de atención por parte de las autoridades y el incumplimiento de los compromisos asumidos. Esteban también denunció que en noviembre de 2023, las autoridades destruyeron sin previo aviso 800 tareas de plátanos, agravando aún más la situación de los agricultores.
La falta de visitas del director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDHRI), Olmedo Caba Romero, y el incumplimiento de los compromisos asumidos en la reunión del 24 de abril de este año, han aumentado la frustración entre los desplazados. A pesar de las promesas de mejorar la situación y de desarrollar terrenos para la agricultura, el proyecto Monte Grande continúa enfrentando críticas. La falta de respuesta efectiva a las demandas de las comunidades afectadas subraya la necesidad de una revisión integral del proceso de compensación y reubicación para mitigar los efectos negativos de la construcción de la presa.
