RDE DIGITAL, QUITO .- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó este sábado un estado de excepción por 60 días en siete provincias, el Distrito Metropolitano de Quito, un cantón de Azuay y en todos los centros penitenciarios del país, en vísperas de la segunda vuelta presidencial de este domingo.
La medida responde a una “grave conmoción interna”, derivada del incremento de la violencia, el crimen organizado y los conflictos carcelarios. Abarca las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos, así como Quito (Pichincha) y el cantón Camilo Ponce Enríquez (Azuay).
Toque de queda y suspensión de derechos
El decreto contempla la suspensión de derechos como la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia. También impone toque de queda entre las 22:00 y las 05:00 horas en 22 municipios, excluyendo a la capital.
Además, se ordena la movilización de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en todo el territorio, en el marco de la declaratoria de “conflicto armado interno” vigente desde enero de 2024, cuando Noboa inició una ofensiva contra las bandas criminales catalogadas como grupos terroristas.
“La finalidad es mitigar los hechos violentos, garantizar el orden público y apoyar las labores de seguridad ciudadana”, señala el decreto ejecutivo.
Ecuador elige presidente este domingo
Este nuevo estado de excepción se decreta a solo horas de la jornada electoral, en la que más de 13,7 millones de ecuatorianos están convocados a elegir al próximo presidente para el periodo 2025-2029. Los candidatos son el actual mandatario, Daniel Noboa, y la correísta Luisa González.
En caso de resultar electa, González se convertiría en la primera mujer presidenta en la historia de Ecuador.
El proceso cuenta con más de 92.000 observadores acreditados por ambos partidos y con la presencia de misiones internacionales de la Unión Europea (UE), la Organización de Estados Americanos (OEA) y otros organismos.
El voto anticipado ya fue ejercido entre jueves y viernes por personas privadas de libertad sin sentencia y adultos mayores con discapacidad superior al 75 %.
