RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República afirmó que las medidas cautelares que está dispuesta a adoptar para evitar la obstrucción de la justicia en los medios de comunicación se refieren exclusivamente a los imputados, no a los medios de comunicación ni a los periodistas.
Sin embargo, esa posición es calificada por el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) como “un atentado al libre ejercicio de la profesión del periodismo”.
El comunicado, emitido ayer por la Procuraduría General de la República, en donde, entre otras cosas, anuncia que tomará medidas cautelares para evitar que se sigan utilizando recursos para obstruir los procesos en los medios de comunicación, recibió la respuesta del presidente del CDP, Aurelio Henríquez, quien llamó al Ministerio Público a que “haga su trabajo y deje que los periodistas hagan el suyo”.
Mientras que, en una repuesta al Listín Diario, la Procuraduría señala que “el accionar del ministerio público solo demuestra un absoluto respeto a la prensa, ya que nunca ha pedido rectificación o retractación o llamado a ejecutivos o propietarios de medios de comunicación para presentar quejas sobre ningún periodista”.
En tanto, el CDP defendió el derecho que tienen las oficinas de abogados, empresas o cualquier persona en particular, de contratar la asesoría de cualquier profesional de la comunicación para dar a conocer su versión sobre un hecho.
“Creemos que el Ministerio Público debe actuar con transparencia total en los procesos, pero a la vez respetar el derecho de los periodistas en el ejercicio de la profesión.
Henríquez llamó a los periodistas que cubren el sector justicia a mantenerse alerta ante cualquier atentado a la libertad de informar cuando ocurren hechos en el seguimiento de los casos judicializados, no solo los de corrupción, sino todos.
“El periodista es un profesional llamado a informar a la sociedad y de acuerdo a la Constitución tenemos derecho a jamás ser censurados por ningún poder del Estado, llámese Justicia, Legislativo o Ejecutivo”, precisó Henríquez.
Mediante el comunicado, la Procuraduría reafirma que solo se refiere a la facultad legal que, dentro de nuestro Estado de Derecho, tienen las víctimas y el Ministerio Público en contra de los imputados que utilicen recursos, obtenidos en forma ilegal, para obstruir los procesos.
Recuerda que las medidas cautelares son de naturaleza jurisdiccional y, en todos los casos, son solicitadas ante un juez o tribunal competente.
