RDÉ DIGITAL, ESTADOS UNIDOS.- La catástrofe del puente de Baltimore, donde fallecieron seis obreros de ascendencia latinoamericana, ha obligado al Gobierno de Joe Biden a enfrentar una promesa de campaña que ha quedado en el olvido: otorgar un estatus legal a los más de 11 millones de migrantes indocumentados que residen en Estados Unidos.
Días después del incidente, en el cual el puente Francis Scott Key colapsó tras ser impactado por un barco, numerosos activistas y empresarios han renovado los llamados a Biden para que utilice los poderes presidenciales y asista a ciertos grupos de migrantes, mediante mecanismos como el Estatus de Protección Temporal o el permiso humanitario conocido como «parole».
No obstante, la Casa Blanca no da señales de que tomará alguna medida migratoria en un futuro cercano. En una entrevista con EFE, Tom Pérez, consejero del presidente, indicó que están «evaluando» las cartas enviadas por las organizaciones y el sector privado.
«Primeramente, estamos apoyando a las familias», señaló Pérez, que contó que están buscando maneras de lograr que los allegados de las víctimas que están fuera del país y no tengan visado puedan entrar a Estados Unidos.
El funcionario insistió en que la Administración demócrata «ha hecho más que cualquier otra» en cuanto a la apertura de vías legales de migración a EE.UU. y atribuyó la falta de una reforma que ofrezca una vía hacia la ciudadanía a quienes ya están en el país a la polarización en el Congreso.
La carencia de un estatus migratorio agrava los peligros a los que se enfrentan los trabajadores de la construcción, un sector donde más del 30 % son personas latinas o de origen hispano, según datos de la Oficina estadounidense de Estadísticas Laborales.
«La gran mayoría de gente tiene miedo y no sabe sus derechos», explicó a EFE Jaime Contreras, vicepresidente del sindicato de trabajadores del servicio 32BJ en el área de Washington D.C. y Baltimore.
Durante sus más de 20 años de labor en el sindicato, Contreras asegura haber observado cómo los empleadores se aprovechan de la falta de un estatus migratorio de los trabajadores para evadir las leyes laborales.
«Han querido violar el salario mínimo, pagando con cheques personales o amenazándoles que van a llamar a migración si se quieren organizar en un sindicato», detalló.
Permitir que más individuos obtengan un permiso de trabajo también sería beneficioso para la economía estadounidense, dado que diversas industrias en el país están experimentando escasez de mano de obra, añadió Contreras.
Los últimos datos del Departamento de Comercio lo confirman: hasta febrero de 2024, EE.UU. cuenta con 9,5 millones de puestos de trabajo vacantes, pero solo 6,5 millones de trabajadores desempleados.
En el ámbito de la construcción, la industria necesitaría más de medio millón de trabajadores adicionales para satisfacer la demanda actual, según las cifras de la Asociación de Constructores y Contratistas.
Para Doug Pruitt, exdirector de la empresa constructora Sundt, los obreros migrantes pueden contribuir a cerrar esa brecha: «Hay una necesidad de mano de obra y deberían poder obtener permisos de trabajo», expresó a EFE.
Biden intentó sin éxito en 2021 que se aprobara en el Congreso una reforma migratoria para otorgar un camino hacia la ciudadanía a las personas indocumentadas en EE.UU. Desde entonces, el Gobierno ha endurecido su postura hacia la inmigración como respuesta a la presión por parte de la oposición republicana y al aumento en la llegada de migrantes a la frontera con México.
