DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Santo Esteban Ferreras, presidente del Comité de Protección y Defensa de la comunidad de La Maceta, se ha convertido en la voz de los campesinos afectados por la construcción de la presa de Monte Grande. Ferreras ha denunciado que entregaron sus tierras al gobierno con la esperanza de ser reubicados en un terreno mejor, pero después de una larga espera, temen que “la tierra prometida los llevará al infierno”.
Desde el comienzo de la construcción de la presa, ubicada entre las provincias de Azua y Barahona, se les ha prometido reubicarlos en varios terrenos no aptos para la producción agrícola. Ferreras destacó que 400 familias están siendo afectadas directamente y más de 800 están siendo afectadas indirectamente.
Relató que en el primer intento de reubicación, la parcela estaba propensa a inundarse debido a la hidroeléctrica en Los Toros, Azua, y por lo tanto fue descartada. Además, afirmó que la tierra ofrecida era insuficiente para las necesidades de los afectados por la construcción de la presa.
En su segundo intento, volvieron a Barahona, esta vez a Vuelta Grande, donde había mucho terreno disponible, pero resultó estar protegido por Medio Ambiente y el agua era salobre, por lo que fue descartado. Sin embargo, Ferreras afirma que el presidente Luis Abinader entregó la tierra a personas que no estaban afectadas.
En un tercer intento, identificaron un terreno en la misma localidad de Monte Grande, donde se les prometió entre 10 y 20 tareas en Tamayo, Bahoruco. “Hicimos un acuerdo para mejorar la capa vegetal de la parcela 757 de la empresa tomatera Victoria y la parcela 145, para trasladarla a esas tierras identificadas”, pero Ferreras señaló que los últimos acuerdos con la empresa Indhri y el Instituto Agrario Dominicano (IAD) tardarían seis meses y ya llevan más de un año sin finalizar.
A pesar de que el acuerdo parecía ser una solución, Ferreras denuncia que la tierra que se utilizaría para rellenar y hacerlas más fértiles también está sepultada bajo el agua de la presa. “Son tierras que, si a alguien le dan diez tareas allí y lo mandan al infierno, es similar, porque no van a producir nada”, expresó Ferreras.
Concluyó acusando al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indhri) de tener la intención de dejarlos en la calle, ya que asegura que las autoridades públicas han estado en contra de los miembros del comité durante más de cinco meses.
