RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (Ecored) y el Fondo del Agua Santo Domingo consideraron que el decreto 531-25, que declara de alta prioridad la recuperación de los ríos Ozama e Isabela, será más efectivo si se implementa con una participación conjunta del Estado, el sector privado, la sociedad civil y la academia.
Representantes de ambas entidades coincidieron en que la rehabilitación de las cuencas debe realizarse con base científica y siguiendo criterios de sostenibilidad, tomando en cuenta la vulnerabilidad ecológica del litoral del Gran Santo Domingo y las disposiciones del decreto 183-93, que establece la creación del Cinturón Verde.
Patricia Abreu, directora ejecutiva del Fondo del Agua, explicó que la institución tiene más de una década trabajando en la restauración de microcuencas que abastecen los principales ríos del Gran Santo Domingo. Señaló que los proyectos de reforestación, restauración ecológica y recuperación ambiental desarrollados por el Fondo pueden servir de referencia para la aplicación del decreto presidencial.
“Queremos decirle al Ministerio de Medio Ambiente y al Gobierno que estamos listos para aportar. Tenemos más de diez años de experiencia en la rehabilitación ecosistémica de las cuencas Ozama, Haina y Nizao, con un modelo probado en el Caribe, Latinoamérica y Asia”, expresó Abreu.
Agregó que el enfoque del Fondo del Agua se basa en soluciones naturales, de bajo costo y con participación comunitaria. “Nuestro trabajo incluye un reasentamiento digno y la creación de oportunidades que permitan a las comunidades mejorar su calidad de vida”, afirmó.
Por su parte, Kathia Mejía, directora ejecutiva de Ecored, valoró el decreto 531-25 como un paso positivo hacia la recuperación de los ríos, pero insistió en la necesidad de fortalecer la gobernanza para garantizar su cumplimiento. Propuso establecer una mesa de diálogo y una alianza público-privada que coordine esfuerzos y dé seguimiento a las acciones emprendidas.
“Este no puede ser el esfuerzo de una sola empresa o institución. Requiere voluntad conjunta del Estado, el sector privado, la sociedad civil y la academia. La meta es preservar el Cinturón Verde y replicar buenas prácticas ya implementadas”, sostuvo Mejía.
Mientras que Juan Abell, vicepresidente de la junta directiva del Fondo del Agua, destacó que la entidad nació hace una década a partir de una alianza multisectorial, lo que ha fortalecido su credibilidad y capacidad técnica.
“Los resultados de los proyectos ejecutados, como la recuperación de microcuencas en las riberas de los ríos Nizao y Haina, demuestran el impacto positivo del trabajo colaborativo entre los sectores público y privado”, afirmó Abell.
Tanto Ecored como el Fondo del Agua coincidieron en que el éxito del decreto dependerá de una gestión coordinada, científica y sostenible, que combine la experiencia institucional con la participación activa de todos los actores sociales comprometidos con la protección ambiental y el desarrollo urbano del Gran Santo Domingo.
Fuente: Diario Libre
