RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Abogados puertorriqueños han enviado a la Casa Blanca una orden ejecutiva que busca la independencia de Puerto Rico y la derogación del Tratado de París de 1898. El documento, elaborado por el abogado Rolando Emanuelli, plantea que el presidente de Estados Unidos tiene la autoridad para reconocer la soberanía de la isla sin necesidad de la intervención del Congreso.
Propuesta innovadora
Emanuelli destacó en entrevista con EFE que la propuesta rompe con el enfoque tradicional, ya que, hasta ahora, todas las iniciativas de independencia se dirigían al Congreso. “El presidente puede dejar sin efecto tratados y conceder la soberanía de Puerto Rico”, afirmó.
El memorando de siete páginas fue revisado por 16 personas, incluyendo al líder del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau. Además, los autores del documento han sostenido reuniones con senadores como Mike Lee y John McClintock, así como con el líder republicano del Senado, John Thune, y tienen previsto un encuentro con Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes.
Plan de transición y apoyo financiero
El documento sugiere que EE. UU. transfiera 36,000 millones de dólares anuales durante 20 años para la reconstrucción y el desarrollo económico de Puerto Rico. Según sus cálculos, esto supondría un ahorro de 617,000 millones de dólares en comparación con los desembolsos proyectados actualmente.
Entre los pasos propuestos, el presidente nombraría un administrador que encabezaría una comisión de transición, encargada de la cancelación de la deuda de Puerto Rico, la disolución de la Junta de Supervisión Fiscal y la definición del estatus de la ciudadanía. Se plantea que, a partir del 1 de enero de 2027, los nacidos en la isla ya no obtendrían automáticamente la ciudadanía estadounidense, aunque podrían ser naturalizados.
Libre comercio y nueva Constitución
La propuesta también contempla la negociación de un tratado de libre comercio con EE. UU., el mantenimiento de derechos adquiridos como el Seguro Social y un acuerdo de libre tránsito para los seis millones de puertorriqueños residentes en territorio estadounidense. Asimismo, prevé la organización de una convención constituyente para redactar una nueva Constitución.
Emanuelli considera que la soberanía permitiría a Puerto Rico desarrollar rutas marítimas y de logística internacional sin restricciones del Gobierno federal. “La idea es lograr una transición lo más cómoda, inexpugnable y razonable posible”, concluyó.
Esta propuesta choca con la postura del Gobierno de Puerto Rico, liderado por Jenniffer González, quien aboga por la estadidad. En la última consulta no vinculante sobre el estatus político de la isla, realizada en noviembre, la estadidad obtuvo un 56.82 % de respaldo, aunque las opciones de soberanía en libre asociación e independencia mostraron un fuerte repunte.
