RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El Gobierno y el Congreso Nacional trabajan en el diseño de un nuevo marco legal que establezca controles más rigurosos sobre edificaciones antiguas, con el objetivo de prevenir colapsos y garantizar la seguridad de la ciudadanía.
El ministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla, informó que el Ejecutivo elabora un proyecto de ley para reforzar la supervisión de construcciones con más de una década de antigüedad, especialmente aquellas con alta concurrencia de personas, como escuelas, iglesias, centros comerciales y locales de entretenimiento.
“El marco normativo actual solo contempla inspecciones durante la construcción, pero no regula la supervisión posterior”, precisó Bonilla.
Supervisión periódica obligatoria
La nueva ley incluiría parámetros técnicos para definir qué inmuebles deben ser inspeccionados periódicamente, según su antigüedad, uso y nivel de ocupación. Esta normativa cerraría un vacío legal que ha permitido el deterioro estructural sin consecuencias jurídicas claras.
De manera paralela, el senador Pedro Tineo impulsa una iniciativa legislativa para crear el Sistema Nacional de Supervisión de Obras Públicas y Privadas con más de diez años de construcción. Este organismo tendría a su cargo evaluaciones periódicas tanto a edificaciones del sector público como del privado.
Entre las medidas contempladas en esta propuesta, se destacan:
- Inspecciones obligatorias cada dos años.
- Certificado de condición estructural visible en espacios públicos.
Régimen de sanciones
El proyecto del Senado incluye un régimen de sanciones que oscila entre 50 y 1,000 salarios mínimos del sector público para propietarios que incumplan las normativas de seguridad, oculten información o impidan las inspecciones técnicas.
Las edificaciones serían clasificadas en cuatro niveles de riesgo, desde “Apta sin observaciones” hasta “Inhabilitada por riesgo estructural”. Esta última categoría permitiría la clausura temporal o definitiva de los inmuebles.
También se contemplan medidas como:
- Suspensión de licencias de operación.
- Remisión al Ministerio Público en casos de negligencia grave.
- Notificación a aseguradoras.
- Inhabilitación temporal para contratos públicos.
Plataforma digital de acceso público
La propuesta del Ejecutivo incluirá además una plataforma digital para que los ciudadanos consulten el estado estructural de edificaciones supervisadas y puedan presentar denuncias. Las autoridades deberán responder a cada reclamo en un plazo no mayor de 30 días.
Ambas propuestas serán enviadas próximamente a comisiones técnicas para su análisis, discusión y posterior presentación ante el pleno legislativo.
“La prevención y la transparencia serán las herramientas fundamentales para evitar futuras tragedias”, concluyó el ministro Bonilla.
