RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- En un esfuerzo por modernizar el sistema de obtención y registro de exequátur profesional, un proyecto de ley actualmente en estudio en la Cámara de Diputados de la República Dominicana ha generado un intenso debate sobre las implicaciones para quienes ejercen profesiones sin la debida licencia.
El proyecto, presentado por el legislador Moisés Ayala del Partido Revolucionario Moderno (PRM), propone medidas severas para aquellos dominicanos que practiquen cualquier profesión o especialidad sin contar con un exequátur emitido por el Ministerio de Educación Superior. De ser aprobado, quienes incurran en esta falta podrían enfrentar penas de hasta tres años de cárcel y multas de hasta quince salarios mínimos del sector público.
Una de las disposiciones más destacadas de esta propuesta legislativa es la suspensión del título profesional hasta obtener la licencia correspondiente, además de otras posibles medidas legales. Asimismo, se plantea la posibilidad de aplicar medidas legales contra aquellos profesionales que cometan faltas graves de ética o malas prácticas, comprometiendo así su responsabilidad penal.
El proyecto también establece que el Ministerio de Educación Superior podrá cancelar administrativamente y por tiempo indefinido la licencia de un profesional si se comprueba que el título no fue expedido cumpliendo los requisitos establecidos por las normas educativas.
Una de las novedades más significativas que propone esta iniciativa es el cambio en la autoridad encargada de emitir las licencias profesionales. En lugar de que sea el presidente de la República, se sugiere que sea el ministro de Educación Superior quien expida dichas licencias, argumentando la necesidad de separar estas responsabilidades debido a las múltiples funciones del presidente.
El legislador Ayala enfatiza que la modernización de la ley es urgente para facilitar la obtención de títulos de educación superior y para garantizar a la sociedad que las diversas profesiones cuenten con un respaldo académico adecuado. Asimismo, se busca impedir la intrusión en áreas profesionales delicadas en el país, asegurando que quienes ejerzan estas profesiones estén debidamente capacitados y certificados.
Este proyecto de ley ha generado opiniones encontradas en diversos sectores de la sociedad dominicana, con algunos respaldando las medidas propuestas como una forma de elevar la calidad y la ética profesional, mientras que otros expresan preocupaciones sobre posibles efectos negativos en el acceso a ciertas profesiones y en la regulación del mercado laboral.
En medio de este debate, el proyecto de ley continúa su proceso de análisis y discusión en la Cámara de Diputados, donde se espera que se evalúen todas las implicaciones y se llegue a una decisión que beneficie tanto a los profesionales como a la sociedad en general.
