RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Un proyecto de ley que limitaría la adquisición de propiedades y el acceso a ciertas ocupaciones por parte de extranjeros, especialmente de origen haitiano, será presentado en el Congreso Nacional.
La propuesta fue impulsada por el presidente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Pelegrín Castillo, y acogida por el diputado Elías Wessin, del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), quien la presentó en una rueda de prensa en la Cámara de Diputados.
El proyecto establece que los ciudadanos haitianos deberán contar con autorización del Poder Ejecutivo para adquirir infraestructuras en territorio dominicano, tras ser evaluados por los organismos de inteligencia y seguridad del Estado.
Además, cualquier extranjero tendría prohibido comprar propiedades en las provincias fronterizas, en cumplimiento del artículo 10 de la Constitución, que prioriza la propiedad de los dominicanos en esas zonas.
También se propone que los inmuebles estatales en la región fronteriza solo puedan ser explotados mediante fideicomisos públicos, alianzas público-privadas y otras formas que garanticen la participación mayoritaria de los dominicanos.
Otro apartado del anteproyecto requiere que estudiantes haitianos beneficiados con becas en instituciones dominicanas se comprometan a regresar a Haití y ejercer su profesión por un período de 4 a 7 años. En caso de incumplimiento, enfrentarían deportación permanente y el reembolso de los costos de la beca.
Restricciones laborales
La pieza también especifica ocupaciones exclusivas para dominicanos, entre las que se incluyen guardianes de fincas, conductores de transporte público y privado, guías turísticos, y empleados de estaciones de combustible.
La medida permitiría al Consejo Nacional de Migración extender estas prohibiciones a otras áreas por razones de seguridad nacional. Las violaciones a esta normativa conllevarían multas de tres a cinco salarios mínimos y, en caso de reincidencia, podrían implicar la revocación de licencias empresariales.
El proyecto se fundamenta en el artículo 25 de la Constitución, que establece igualdad de derechos y deberes entre extranjeros y nacionales, con excepciones determinadas por la Carta Magna y las leyes.
Sin embargo, el texto destaca que los extranjeros no pueden participar en actividades políticas ni ejercer otros derechos reservados exclusivamente a los ciudadanos dominicanos.
