RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La organización cívica Participación Ciudadana expresó ayer su preocupación ante disposiciones del proyecto de ley de libertad de expresión y medios audiovisuales que se debate actualmente en el Senado de la República, al considerar que algunas medidas podrían comprometer la transparencia de los procesos judiciales y limitar el acceso a la información pública.
Durante una reunión con la comisión especial de senadores que analiza la propuesta legislativa, el colectivo identificó como especialmente problemático el artículo 59, que faculta a los tribunales a ordenar la eliminación de datos considerados difamatorios o injuriosos en el marco de un proceso judicial.
Posibles obstáculos en el proyecto al debido proceso
Leidy Blanco, representante de Participación Ciudadana en el encuentro, advirtió que dicha disposición podría resultar incompatible con los principios del debido proceso penal, ya que durante un juicio las acusaciones suelen incluir elementos sensibles que, aunque controversiales, forman parte esencial del expediente.
“Las acusaciones judiciales presentan datos que pueden ser, para el imputado, considerados difamatorios, pero forman parte de una acusación. “Debe existir una eximente en estos casos”, afirmó Blanco.
Según la organización, eliminar este tipo de información podría afectar la documentación pública de los casos judiciales, especialmente en procesos relacionados con corrupción administrativa, donde el escrutinio social y mediático es fundamental.
Preocupación por el “derecho al olvido”.
Otro de los puntos observados en el proyecto fue el artículo 23, relativo al derecho al olvido, que permite solicitar la desindexación de informaciones cuando se demuestre un daño a la vida privada.
Aunque el artículo incluye una excepción para funcionarios públicos y figuras de relevancia, Participación Ciudadana considera que debe quedar explícito que los procesos judiciales no deben ser objeto de desindexación, dado su carácter público y su impacto en el interés colectivo.
En términos digitales, la desindexación implica que una información deje de aparecer en los resultados de búsqueda de plataformas como Google, aunque continúe disponible en la web original.
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Artículo 9: Archivos informativos y veracidad
El colectivo también planteó dudas respecto al artículo 9, que otorga a los medios de comunicación el derecho de preservar informaciones “veraces”. Participación Ciudadana señaló que este concepto ambiguo podría ser utilizado para presionar la eliminación de contenidos periodísticos, incluso cuando se trate de hechos verídicos pero cuestionados por sectores interesados.
“La falta de claridad sobre qué se considera veraz puede facilitar la censura de informaciones relevantes”, advirtieron.
Independencia institucional en juego
En otro orden, Participación Ciudadana cuestionó la propuesta de que los miembros del Instituto Nacional de Comunicación (Inacom) tengan mandatos de apenas dos años, considerando que esto podría debilitar la autonomía del organismo.
La entidad sugiere que el período sea de cuatro años, para fortalecer la estabilidad institucional y asegurar un funcionamiento independiente frente a posibles injerencias políticas.
Próximos pasos legislativos
La comisión especial que estudia el proyecto, presidida por la senadora Aracelis Villanueva, anunció que continuará el análisis de la iniciativa el próximo miércoles, aunque sin una fecha establecida para emitir un informe final.
“Nos tomaremos el tiempo que sea necesario. “Este es un proyecto que requiere profundidad y consenso”, aseguró Villanueva.