RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Representantes de organizaciones vinculadas al suministro de alimentos escolares en República Dominicana manifestaron su preocupación ante el proyecto de ley de nutrición y alimentación escolar, recientemente aprobado en primera lectura en el Congreso Nacional.
África Montás, vocera de la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CODOPYME), y Francisco Capellán, vicepresidente de la Unidad de Suplidores de Alimentos Escolares (UNSAE), advirtieron que la aplicación de la nueva legislación podría desmantelar el sistema actual de producción y distribución de alimentos en las escuelas públicas, afectando empleos, inversiones y controles de calidad ya establecidos.
Uno de los aspectos más controvertidos del proyecto es la propuesta de trasladar la preparación de los alimentos a las propias escuelas. Según explicaron los dirigentes durante su participación en el programa El Despertador, esta medida implicaría instalar cocinas dentro de los centros educativos, lo que consideran inviable debido a la precariedad de muchas infraestructuras escolares.
Montás recordó que las PYMES del sector han invertido más de 8 mil millones de pesos en cocinas industrializadas para cumplir con los estándares exigidos por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), y que han sido certificadas tanto por Indocal como por Proindustria. “Hemos pasado de ser suplidores informales a una industria con regulación técnica y sanitaria”, afirmó.
Riesgos del proyecto
En cuanto a la propuesta de cocinar en los planteles, Capellán señaló que experiencias piloto ya habían fracasado en el pasado por falta de condiciones técnicas y administrativas. “No hay garantía de que estas cocinas puedan operar con estándares mínimos. En muchos casos, los equipos instalados se retiraron y no se han repuesto”, dijo.
Ambos voceros defendieron el actual modelo descentralizado de producción de alimentos, subrayando que está basado en procesos rigurosos de recepción, higiene, almacenamiento y preparación, así como en supervisión constante por parte de técnicos del INABIE. “Todo está regulado, desde la composición del menú hasta la temperatura de conservación”, agregó Montás.
Los representantes también cuestionaron la intención de delegar en los directores escolares la gestión de las nuevas cocinas. “Los directores apenas pueden con la carga académica, ¿cómo asumirán también la operación de una cocina industrial?”, preguntó Montás, mientras Capellán recordó que los suplidores actuales deben cumplir con estrictos requisitos legales, médicos y de formación.
Las asociaciones exhortaron al Congreso a reconsiderar el contenido del proyecto antes de someterlo a segunda lectura, y pidieron que se abra un espacio de diálogo con los actores que han sostenido el programa de alimentación escolar desde su expansión con la jornada extendida.
