RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO. – La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, firmó el jueves una enmienda al Código Penal. Esta medida reconoce al feto como ser humano y busca armonizar las leyes civiles y penales. Además, ha generado un intenso debate médico, legal y social en la isla.
Cambios en la definición de asesinato
La enmienda modifica el artículo que define el asesinato. Según el gobierno, su objetivo es proteger la vida del feto.
Actualmente, la ley considera asesinato en primer grado la muerte intencional de una mujer embarazada que provoca la pérdida del feto. Asimismo, la legislación lleva el nombre de Keishla Rodríguez, quien fue asesinada en 2021 por el exboxeador Félix Verdejo. Él fue condenado a dos cadenas perpetuas.
Preocupaciones del sector médico
La aprobación de la enmienda, realizada sin audiencias públicas, generó alarma entre médicos. Por ejemplo, el doctor Carlos Díaz Vélez, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, advirtió sobre la “medicina defensiva”.
Esto significa que decisiones médicas complejas podrían trasladarse al ámbito legal. Además, algunos médicos privados podrían evitar atender embarazos de alto riesgo por temor a sanciones. Como resultado, muchas mujeres tendrían que acudir al hospital público más grande de la isla o incluso trasladarse a Estados Unidos continental.
Además, la medida permite la intervención de terceros en decisiones médicas. Por lo tanto, podría vulnerar la privacidad entre paciente y médico y requerir nuevos protocolos regulatorios.
Temor a la criminalización del aborto
Las organizaciones de derechos reproductivos también expresan su preocupación. Por ejemplo, Rosa Seguí Cordero, de la Campaña Nacional por el Aborto Gratuito, Seguro y Accesible, advirtió que otorgar personalidad jurídica al cigoto abre escenarios legales complejos.
En ese sentido, cuestionó si un óvulo fecundo tendría derecho a seguro médico. Además, señaló que una mujer que sufre una pérdida gestacional podría ser investigada bajo figuras penales. Aunque el aborto sigue siendo legal en Puerto Rico, los críticos advierten que la nueva definición podría facilitar su eventual criminalización.
Señalamientos de ambigüedad legal
Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles, criticó que el proyecto no se sometiera a un debate amplio.
“La medida no se analizó adecuadamente y deja un espacio inaceptable para la ambigüedad en cuanto a los derechos civiles”, expresó.
Mientras algunos sectores conservadores celebran la firma como protección del no nacido, los opositores sostienen que la enmienda podría generar incertidumbre médica y jurídica. Esto ocurre en un sistema de salud ya debilitado.
