RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Los abogados de la familia Reyes, querellantes en el proceso judicial conocido como caso Calamar, afirmaron este viernes que el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, no cometió desfalco alguno, sino que cumplió con sentencias que ordenaban el pago de una deuda social pendiente desde hace más de seis décadas.
El caso, que mantiene encartados a exfuncionarios y empresarios por presuntas maniobras para distraer recursos del Estado, ha girado en torno a los pagos autorizados en 2016 a distintas familias reclamantes de terrenos, entre ellas los Reyes, herederos directos del copropietario de la parcela 613 donde hoy se levanta el Aeropuerto Internacional Las Américas.
Según los abogados, lo que se intenta presentar como un fraude habría sido en realidad un cumplimiento legal, mientras que los verdaderos estafadores resultaron beneficiados por el Ministerio Público.
Moisés Sánchez Ramírez, abogado principal, explicó que el pago realizado en 2016 estaba consignado en el presupuesto y respondía a decisiones judiciales claras. “El Estado pagó bien, no hubo desfalco. Lo que sí hubo fue una estafa de Fernando Crisóstomo, quien se quedó con más de 500 millones de pesos y, en lugar de responder por ello, fue beneficiado con un criterio de oportunidad por el Ministerio Público”.
Rafael Zapata recordó que la sentencia ordenaba pagar 1,288 millones de pesos a los Reyes, de los cuales se ejecutó un 80 %, quedando pendiente un 20 %. “Crisóstomo se apropió indebidamente de 550 millones y devolvió mil millones para obtener ventajas procesales. No podemos hablar de un pago irregular del Estado, el dinero fue bien pagado. Los verdaderos estafadores están en otro lado”, puntualizó.
Otros representantes legales, como Julio César Ventura y Alexander Navarro, acusaron al Ministerio Público de incumplir su deber de proteger a las víctimas. Ventura señaló que lo que corresponde ahora es ordenar el pago pendiente y garantizar institucionalidad en el proceso. Navarro fue más crítico en sus declaraciones.
