RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El exvicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, advirtió que antes de discutir una reforma constitucional, es fundamental impulsar la aprobación de 70 leyes que son mandatorias según la Constitución de 2010.
Alburquerque enfatizó que dicha Carta Magna, con apenas 14 años de vigencia, requiere la implementación de estas leyes para fortalecer el marco institucional del Estado dominicano.
Alburquerque señaló que la ley de Referendo es un ejemplo claro de estas leyes pendientes. Aunque legisladores seguidores del expresidente Leonel Fernández han propuesto esta ley, aún no ha sido aprobada.
El jurista y profesor universitario expresó que la consolidación de la Constitución de 2010 pasa por la aprobación de estas leyes, en lugar de priorizar una reforma constitucional. Además, Alburquerque criticó la propuesta del presidente Luis Abinader de modificar el artículo 124 sobre la elección presidencial, que requiere un Referendo para su aprobación.
“¿Cómo van a realizar un Referendo si no hay una ley que lo organice y lo regule?”, cuestionó Alburquerque, subrayando la necesidad de tener un marco legal adecuado para cualquier modificación constitucional.
Críticas a la reforma fiscal
Alburquerque también instó al gobierno a explicar la reforma fiscal que se propone implementar. Subrayó la importancia de ordenar el gasto público antes de pensar en nuevos impuestos que puedan afectar a la población. El exvicepresidente resaltó que cualquier reforma fiscal debe ser progresiva y no perjudicar a los sectores más necesitados.
“Los últimos presupuestos del Estado son de trillones de pesos, y cuando uno ve el gasto corriente y la inversión de capital, el gasto corriente es del 85 %, y apenas un 15 % se destina a inversión de capital”, criticó Alburquerque. Añadió que gran parte del gasto corriente se destina a incrementos salariales en varios ministerios, lo que considera un uso ineficiente de los recursos públicos.
Alburquerque concluyó que la Fuerza del Pueblo no apoyará una reforma fiscal que perjudique a los sectores más vulnerables y exigió una mayor transparencia y eficiencia en el manejo del gasto público.
