RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO. – El especialista en energía y antiguo superintendente de Electricidad (SE), Rafael Velazco, opina que las leyes y normativas que rigen el ámbito eléctrico dominicano deben ser modernizadas con el objetivo de integrar y administrar de manera eficiente y equitativa las energías renovables.
Sostiene que las actualizaciones o ajustes que se requieren en el marco legal del sector deben abarcar la gestión de proyectos a gran escala, así como aquellos de menor envergadura.
Según Velazco, es esencial establecer, para garantizar un crecimiento sostenible del sector, un plan orientativo del sector eléctrico consensuado y una ventanilla única para simplificar el proceso de obtención de permisos para proyectos comerciales.
Además, considera crucial seguir avanzando en un sistema de reserva de energía, ya sea mediante el uso de baterías o mediante centrales de generación flexible. Él argumenta que es fundamental fortalecer el sistema de transmisión. “Por lo general, el potencial renovable se encuentra distante de los centros de consumo y se necesita un sistema de transmisión sólido”, afirma.
En el contexto del aumento de la capacidad instalada bajo el esquema de medición neta, el experto en energía enfatiza la urgencia de actualizar la regulación de generación distribuida y, al mismo tiempo, planificar a largo plazo el desarrollo de las energías renovables no convencionales.
En cuanto a los cambios regulatorios propuestos y llevados a cabo, menciona la modificación del Reglamento de Aplicación de la Ley 57-07 de Incentivos a las Energías Renovables y Regímenes Especiales, así como la Resolución CNE-AD-0004-2023, que establece porcentajes de sistemas de baterías para proyectos superiores a los 50 megavatios, emitida por la Comisión Nacional de Energía (CNE) y que se encuentra en proceso de mejora por parte del directorio.
Además, señala el Reglamento de Generación Distribuida emitido por la Superintendencia de Electricidad, el cual está siendo revisado para su posterior lanzamiento. Según varias fuentes consultadas, la propuesta de consenso apunta a pasar de un reglamento de medición neta a uno de facturación neta.
