RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El Consejo del Poder Judicial (CPJ), el Ministerio Público, el Ministerio de Salud Pública (MSP), el Consejo Nacional de Drogas (CND), el Servicio Nacional de Salud (SNS), la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) y el Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN) firmaron este jueves un acuerdo interinstitucional para poner en marcha el Programa de Tratamiento bajo Supervisión Judicial (TSJ), una iniciativa destinada a promover la reinserción social de personas con consumo problemático de sustancias.
Durante la ceremonia, encabezada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, juez Henry Molina, los representantes de cada institución se comprometieron a avanzar hacia un modelo de justicia centrado en la rehabilitación y respeto de los derechos humanos.
“La respuesta más justa no es la cárcel, sino la intervención temprana, el tratamiento y el acompañamiento bajo supervisión judicial”, enfatizó Molina.
Modelo integral y enfoque humano
El acuerdo otorga un papel clave al Tribunal, que, junto al fiscal y la defensa, supervisará equipos técnicos de salud mental y trabajo social para asistir a personas imputadas por delitos menores y afectadas por consumo problemático de drogas.
Los esfuerzos estarán orientados a garantizar la dignidad de los implicados, evitar su estigmatización y romper el ciclo de exclusión.
La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, destacó que el Ministerio Público ya no procesa el consumo aislado de sustancias, salvo que esté vinculado a otros delitos como portación de armas o violencia de género.
“Esto significa un cambio de enfoque hacia la atención especializada y humanizada de los jóvenes que requieren apoyo”, señaló.
Alejandro de Jesús Abreu, presidente del CND, propuso el establecimiento de indicadores para evaluar el impacto del programa.
Además, afirmó que este modelo contribuirá a fortalecer la cohesión familiar y fomentar la reinserción efectiva de los beneficiarios.
Compromisos clave del tratamiento de justicia
- Apertura de audiencias especiales bajo supervisión judicial para evaluar casos individuales.
- Implementación de planes personalizados con equipos interdisciplinarios.
- Resolución rápida de procesos judiciales para prevenir revictimización.
- Seguimiento del convenio a través de personal técnico designado, en un plazo máximo de 30 días después de la firma.
- Integración de la justicia terapéutica como eje central del Plan Estratégico del Poder Judicial y de las políticas públicas relacionadas con drogas.
El acto contó con la presencia de jueces, fiscales, miembros de la comunidad jurídica, y el representante de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el país, Esteban de la Torre Ribadeneira.
También asistieron jueces María Garabito Ramírez, Fran Soto Sánchez y Francisco Ortega, y la magistrada Kenya Romero, coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional.
