RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La República Dominicana se ubica entre los países que más dinero público destinan a los partidos políticos, tanto en años electorales como fuera de ellos. Esta realidad contrasta con la débil institucionalidad de su sistema partidario, de acuerdo con un nuevo estudio de Participación Ciudadana.
En el año 2024, tras las elecciones municipales, congresuales y presidenciales, el Estado desembolsó RD$5,041.6 millones. Se trató del monto más alto registrado en la historia democrática del país. Para el 2025, aunque no habrá comicios, se asignarán RD$1,500 millones. Esta cifra convierte al país en el segundo con mayor financiamiento estatal a partidos en América Latina en años no electorales.
El financiamiento por habitante sigue siendo alto
Según el estudio, cada habitante aporta, de forma indirecta, US$2.36 al año para cubrir el financiamiento ordinario de los partidos. Este gasto ocurre fuera de los procesos electorales.
Por otro lado, durante un año electoral, la cifra asciende a US$6.40 por persona, lo cual cubre los gastos de campaña. En este aspecto, la República Dominicana ocupa la cuarta posición en la región. Solo la superan Uruguay, Costa Rica y Panamá.
En cuanto al financiamiento ordinario, el país se ubica en el tercer lugar de América Latina, superado únicamente por México y Panamá. Incluso, la cifra dominicana está US$1.28 por encima del promedio regional.
Crece la preocupación por la desconexión entre partidos y ciudadanía
Durante la presentación del informe, el politólogo Gustavo Oliva advirtió sobre los riesgos de esta dependencia financiera. Señaló que el financiamiento estatal, tal como está planteado, debilita el vínculo entre partidos y ciudadanía.
“Esa dependencia de los recursos del Estado hace al partido autónomo de la sociedad”, explicó Oliva.
“Además, es un desincentivo para competir mejor. Inhibe la innovación política, porque los partidos reciben el mismo monto, sin importar si mejoran o no su desempeño electoral.”
El experto también alertó que estos fondos pueden alimentar estructuras clientelares, en lugar de fortalecer la democracia.
Organización propone cambios al modelo actual
Con el objetivo de reducir el gasto, pero sin afectar el posicionamiento regional del país, Participación Ciudadana propone reformas estructurales. La meta es reducir en un 30 % el financiamiento público, haciendo más eficiente su uso.
Entre las propuestas clave están:
- Modelo INP (Ingreso Nacional Plurianual): Vincula los fondos al 0.8 % de los ingresos fiscales del año previo a elecciones. Esta fórmula permitiría distribuir los recursos entre financiamiento ordinario y electoral, lo que generaría un ahorro estimado del 29.2 %.
- Modelo INBS (Indicador de Necesidades Básicas Satisfechas): Calcula el monto con base en el número de votos válidos y al ingreso mínimo necesario para no ser considerado pobre. Con este enfoque, el financiamiento ordinario se reduciría en un 25.6 %.
Mayor control sobre el acceso al financiamiento
Otra propuesta importante es elevar el umbral mínimo para que los partidos accedan al subsidio estatal. Actualmente, basta con obtener el 0.01 % de los votos válidos para recibir fondos. Sin embargo, Participación Ciudadana sugiere aumentar ese límite al 1 %. De esta forma, se evitaría repartir dinero a partidos sin representación real.
Además, se propone cambiar la forma en que se distribuyen los recursos. El nuevo modelo sugiere dividir el total en dos mitades. El 50 % se entregaría en partes iguales a los partidos que superen el nuevo umbral. El otro 50 % se repartiría de manera proporcional al número de votos obtenidos.
En la actualidad, la Ley 33-18 establece que el 80 % de los recursos va a los partidos con más del 5 % de los votos. Un 12 % se asigna a quienes obtienen entre el 1 % y el 5 %. El restante 8 % se reparte entre los partidos con resultados entre 0.01 % y 1 %.
Contexto: más fondos, pero menos legitimidad
A pesar del aumento en los montos destinados a los partidos, la percepción ciudadana no mejora. De hecho, según encuestas recientes, el 42 % de los dominicanos considera que la democracia puede funcionar sin partidos políticos. Esto refleja una desconexión creciente entre la población y las organizaciones políticas.
