RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- República Dominicana expresó que rechaza el comunicado emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en relación con las políticas migratorias adoptadas por el Estado, al tiempo que fijó su posición reafirmando su compromiso con la protección de los derechos humanos y el cumplimiento de su marco legal interno.
El Gobierno dominicano señaló que el fenómeno migratorio que enfrenta el país debe analizarse desde una perspectiva regional, debido a la prolongada crisis política, de seguridad y humanitaria que atraviesa Haití, la cual ha generado una presión migratoria sostenida y excepcional.
En ese contexto, destacó que durante décadas ha asumido una carga desproporcionada con sentido de solidaridad y responsabilidad humana.
Las autoridades subrayaron que, en ejercicio de su soberanía, el país tiene el derecho y la obligación de regular el ingreso, permanencia y salida de personas en su territorio, conforme a la Constitución, la legislación nacional y los estándares internacionales de derechos humanos. Indicaron que esta facultad ha sido reconocida de manera reiterada por el propio sistema interamericano como un atributo esencial de la soberanía estatal.
Según el comunicado oficial, las medidas adoptadas responden a la necesidad de gestionar de forma ordenada un flujo migratorio extraordinario, a fin de evitar impactos negativos sobre la cohesión social y el gasto en servicios públicos.
RD rechaza el llamado de la CIDH
En ese sentido, el Estado dominicano rechazó el llamado de la CIDH a aplicar de manera general el principio de no devolución a todos los migrantes en condición irregular, al considerar que ello equivaldría a obligar al país a aceptar el ingreso irrestricto de ciudadanos haitianos.
El Gobierno reiteró que la crisis haitiana no constituye un impedimento para el cumplimiento de las leyes migratorias nacionales y enfatizó que se trata de un desafío regional que requiere una respuesta colectiva. Asimismo, reafirmó que no existe una solución exclusivamente dominicana a dicha crisis y que continuará promoviendo una acción internacional efectiva y corresponsable en los foros multilaterales.
En materia de salud, las autoridades aseguraron que ninguna persona es privada de atención médica de urgencia por razones de estatus migratorio, y que los protocolos vigentes buscan ordenar la prestación de servicios en un contexto de alta demanda, con especial protección para mujeres embarazadas, niños y pacientes con condiciones especiales.
Respecto a los centros de procesamiento migratorio, el Estado informó que se han implementado mejoras progresivas en infraestructura, condiciones sanitarias y atención médica básica, con mecanismos de supervisión interna y coordinación institucional. Además, reiteró su política de tolerancia cero frente a cualquier trato inhumano o degradante.
Finalmente, la República Dominicana manifestó preocupación por lo que considera un énfasis de la CIDH en alegaciones no verificadas, por encima de la información oficial suministrada por las autoridades nacionales, y reiteró su disposición a mantener un intercambio técnico y transparente.
El Gobierno destacó que la protección de los derechos humanos y la defensa del interés nacional no son objetivos contrapuestos y reafirmó su voluntad de fortalecer la cooperación con la CIDH en un marco de respeto mutuo y buena fe.
