RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, expresó este martes su desacuerdo con la decisión del presidente Luis Abinader de otorgar un plazo de 15 días para que los funcionarios que no han completado o iniciado su declaración jurada de bienes regularicen su situación.
Según Peña, ella no habría concedido ningún plazo, ya que la Ley 311-14 de Declaración Jurada de Patrimonio Público es clara en sus exigencias.
El presidente Abinader anunció que aquellos funcionarios que no cumplan con este mandato en el plazo establecido serán desvinculados de sus funciones. Sin embargo, para la vicepresidenta, la exigencia debería ser inmediata, sin necesidad de esperar una prórroga.
Por su parte, diversos comunitarios del Gran Santo Domingo consideran que la Cámara de Cuentas ha sido demasiado permisiva durante años con quienes incumplen la ley.
Según algunos líderes comunitarios, como Rubén Díaz, el incumplimiento de esta normativa se ha convertido en un “relajo” que requiere medidas más drásticas por parte del organismo fiscalizador.
Díaz destacó que la Cámara de Cuentas debe ser más rigurosa en su supervisión y tomar medidas firmes para llevar a la justicia a aquellos que no presentan su declaración jurada de bienes. En su opinión, la responsabilidad de sancionar y fiscalizar el cumplimiento no debería recaer únicamente en el Gobierno, sino en la propia Cámara de Cuentas, creada específicamente para este propósito.
Según datos proporcionados por la Cámara de Cuentas, hasta el pasado domingo, solo 130 diputados actuales y ocho exdiputados habían presentado su declaración de bienes. Entre los senadores, 20 han cumplido con la normativa, y sólo uno de la anterior legislatura lo había hecho.
Aunque el presidente Abinader afirmó que una gran parte de los funcionarios ya ha presentado su declaración jurada, la Cámara de Cuentas no ha revelado aún quiénes han cumplido con esta obligación legal.
