RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- En una iniciativa por salvaguardar la transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos públicos, la Contraloría General de la República ha llevado a cabo una exhaustiva auditoría especial al proceso de contratación del servicio de modernización, ampliación y gestión del sistema integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo.
El contralor general de la República, Félix Santana García, informó que esta investigación, identificada como INTRANT-CCC-LPN-2023-001, ha estado en marcha desde noviembre del 2023, a cargo de la Dirección de Auditorías y la Unidad Antifraude de la institución.
En la actualidad, se realiza un levantamiento de los equipos instalados en las calles del Gran Santo Domingo, con peritos distribuidos en diversos puntos para recabar evidencias concretas.
Santana García subrayó que la Contraloría se ha guiado por los principios establecidos en la Constitución de la República, específicamente en su artículo 247, que otorga a la Contraloría la responsabilidad de fiscalizar internamente el uso de los recursos públicos. Este mandato se aplica a todas las instituciones bajo el ámbito de la Ley 10-07, con especial atención al artículo 14, inciso 7, y al artículo 27.
En aras de garantizar la objetividad y exhaustividad de la auditoría, se ha conformado un equipo multidisciplinario, compuesto por expertos en control interno, auditoría y otras disciplinas afines, según las necesidades de cada caso.
La Contraloría reconoce los posibles inconvenientes que este proceso de auditoría pueda ocasionar, incluyendo impactos en el tránsito debido a las labores de peritaje en diversos puntos de la demarcación. A pesar de ello, destaca la importancia de llevar a cabo esta experticia para asegurar la adecuada fiscalización de los recursos públicos.
Cabe recordar que el proyecto de los semáforos inteligentes, impulsado por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), busca la automatización y modernización de los semáforos tradicionales.
No obstante, el proceso de sustitución fue suspendido en octubre del 2023 por la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, en respuesta a denuncias contra la empresa Transcore Latam, SRL, adjudicataria del proyecto.
La Contraloría General de la República reafirma su compromiso con la transparencia y el buen uso de los recursos públicos, velando por el interés y bienestar de la ciudadanía dominicana. En las próximas semanas, se espera la presentación detallada de los hallazgos y recomendaciones resultantes de esta minuciosa auditoría.
