RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Representantes de comerciantes mayoristas, mipymes y agroindustrias han manifestado su oposición a las modificaciones propuestas para la Ley 225-20 de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, argumentando que los aumentos impositivos contemplados son insostenibles y podrían afectar gravemente la estabilidad de las empresas y el acceso a productos esenciales.
El Consejo Nacional del Comercio en Provisiones (CNCP) expresó su preocupación ante el incremento de las escalas de contribución especial, que oscilan entre 1,200 pesos y 10 millones de pesos, dependiendo de los ingresos de las empresas. Su presidente, Alberto Leroux, advirtió que la propuesta tendría un efecto “devastador” en el comercio mayorista, ya que los márgenes de ganancia del sector son mínimos, de entre 1.5 % y 2 %.
“Doble tributación” y riesgos para las mipymes
Leroux denunció que las empresas ya cumplen con el pago mensual a los ayuntamientos por la gestión de residuos sólidos y con la contribución anual establecida en la actual ley, lo que convierte los nuevos impuestos en una doble tributación.
Andrés Cosma, presidente de la Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santo Domingo (Amaprosado), calificó las modificaciones como “injustas y draconianas”, señalando que estas podrían incentivar la informalidad. Según Cosma, una mipyme con ingresos de 50 millones de pesos vería su contribución aumentada de 250,000 pesos a 350,000 pesos, lo que resulta desproporcionado frente a la situación económica actual.
Impacto en las agroindustrias
La Asociación Nacional de Importadores de Productos Agropecuarios (Animpa) alertó sobre el impacto negativo que las enmiendas tendrían en las mipymes agroindustriales, mencionando que algunos incrementos impositivos alcanzan hasta un 3,750 %.
“Estas medidas pondrían en riesgo la capacidad de las agroindustrias para sostener empleos, erosionando su competitividad y su aporte al crecimiento económico del país”, declaró la organización. Animpa abogó por un equilibrio entre las necesidades ambientales y las realidades económicas de los sectores productivos.
Llamado al diálogo y la inclusión
Los gremios coincidieron en la necesidad de incluir a los sectores productivos y entidades clave, como el Ministerio de Medio Ambiente y el Fideicomiso Público-Privado Sostenible, en cualquier debate sobre modificaciones a la ley.
Los empresarios destacaron que una legislación efectiva debe garantizar la sostenibilidad ambiental sin comprometer la estabilidad económica de las mipymes, que representan un pilar fundamental para el desarrollo del país.
