RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.– Varias organizaciones cívicas y sociales manifestaron su oposición al proyecto de ley sobre Asociaciones Cívicas para la Postulación de Candidaturas Independientes, presentado por la Junta Central Electoral (JCE), al considerar que contradice una reciente decisión del Tribunal Constitucional dominicano.
El rechazo se fundamenta en la sentencia TC/0788/24, la cual ordena modificar los artículos 156 y 157 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral 20-23 para garantizar el derecho de los ciudadanos a presentar candidaturas independientes sin necesidad de afiliación partidaria.
Los grupos firmantes, entre ellos Orcisopro, Orpocisocomc y el Observatorio Jurídico Objuperca, notificaron al Congreso Nacional mediante acto de alguacil, exigiendo la implementación inmediata de la sentencia.
Según indicaron, cualquier iniciativa legislativa sobre el tema debería supeditarse al cumplimiento de este fallo.
“El proyecto propuesto por la JCE impone requisitos excesivos y estructuras innecesarias que limitan el derecho constitucional de los ciudadanos a ser elegidos de forma independiente”, declaró Mario Díaz, portavoz del grupo y primer aspirante presidencial fuera de los partidos tradicionales respaldados por estas organizaciones.
Derecho de candidaturas independientes
Díaz señaló que la iniciativa “no solo es innecesaria, sino que podría ser inconstitucional mientras no se reformen los artículos señalados por el Tribunal Constitucional”, y la calificó como un obstáculo para el surgimiento de nuevas propuestas ciudadanas en el ámbito electoral.
El dirigente advirtió además que no detendrán las acciones legales ni la presión institucional hasta que se respete plenamente el derecho a las candidaturas independientes, y reiteró su compromiso con una participación política alejada de los partidos tradicionales.
No obstante, dejó abierta la posibilidad de retirar su postulación si se habilitara constitucionalmente una nueva repostulación del presidente Luis Abinader, a quien considera el único garante de continuidad gubernamental.
Las organizaciones reafirmaron que seguirán utilizando los mecanismos legales disponibles para asegurar una legislación que permita una competencia electoral en igualdad de condiciones, en consonancia con los principios democráticos y constitucionales del país.
