RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público solicitó prisión preventiva como medida de coerción contra diez militares y civiles acusados de integrar una presunta red de corrupción que habría pagado más de RD$100 millones en sobornos para obtener y mantener contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
La solicitud, presentada la noche del miércoles ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, está acompañada por más de 500 pruebas documentales, técnicas y testimoniales, según informó la procuradora de corte Mirna Ortiz, coordinadora de litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
“Hemos identificado hasta el momento una suma pagada en sobornos que excede los 100 millones de pesos y contamos con más de 500 pruebas para demostrar en esta primera fase del proceso la implicación y vinculación de todos los imputados”, precisó Ortiz.
El expediente depositado solicita además que el caso sea declarado complejo, dada la magnitud de los hechos, la cantidad de implicados y el alcance institucional del esquema de corrupción, que afectó entidades responsables de brindar servicios a sectores vulnerables.
Instituciones afectadas
Según la acusación, la red operaba violando la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, y obtuvo contratos mediante pagos irregulares que involucraron a instituciones clave como:
- El Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi)
- El Seguro Nacional de Salud (Senasa)
- Las empresas distribuidoras de electricidad: EdeNorte, EdeEste y EdeSur
Imputados identificados
Los encartados en esta etapa inicial del caso incluyen altos rangos militares activos y retirados, así como empresarios y particulares:
- Mayor general (r) Carlos Ambrosio Robles Díaz
- Coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez
- Coronel FARD Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar
- Primer teniente Wellington Peralta Santos (Ejército)
- Coronel PN Ramón Quezada Ortiz
- Empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González
- Civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal
La investigación se originó a partir de una denuncia formal de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, lo que activó las indagatorias del órgano persecutor.
Ortiz advirtió que la investigación continúa abierta:
“Como en todas nuestras investigaciones, pueden venir más personas investigadas, más arrestos y más sometimientos. Esto apenas comienza.”
