RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El proyecto de modernización fiscal planteado por el Gobierno de la República Dominicana entregará a las alcaldías y juntas distritales un total de RD$ 11 mil millones adicionales cada año. Esta medida, que forma parte de una reforma integral pendiente de aprobación por el Congreso Nacional, busca aumentar la inversión en áreas claves para el desarrollo del país.
Según el documento oficial, el proyecto permitirá incrementar significativamente la inversión en seguridad ciudadana (RD$ 13,043 millones anuales), transporte (RD$ 35,272 millones), atención primaria en salud (RD$ 10,870 millones), gobiernos locales (RD$ 11,000 millones), recapitalización del Banco Central (RD$ 22,233 millones) y el sector eléctrico (RD$ 18,000 millones).
El documento destaca que los servicios proporcionados por los gobiernos locales son esenciales para el progreso del país y el bienestar de la población. Entre los servicios prioritarios se incluyen la mejora en la recolección de basura, la construcción de obras de infraestructura comunitaria, el fortalecimiento de los servicios de atención a emergencias y la reparación de calles y aceras.
Uno de los principales retos que enfrentan las alcaldías es la recolección de desechos sólidos, la organización del tránsito y la transparencia en el gasto público. Muchos alcaldes han argumentado que no cuentan con los fondos necesarios para satisfacer las demandas de sus municipios.
Situación de los gobiernos locales según SISMAP
El sistema de monitoreo de la Administración Pública Municipal (SISMAP Municipal) muestra que hasta septiembre de 2024, los 158 ayuntamientos monitoreados registran un promedio general de 47.87 % en sus áreas de gestión, lo que refleja un desempeño deficiente. En particular, se destacan áreas como compras y contrataciones, con un promedio de 29.96 %, y el presupuesto participativo, con solo un 24.25 %.
Por otro lado, las 235 juntas de distrito municipal muestran un promedio aún más bajo, con un 23.67 % de desempeño general. Las áreas más críticas incluyen recursos humanos y acceso a la información pública, con promedios de 21.63 % y 15.36 %, respectivamente.
