RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- En medio de un panorama donde varios casos de estafas inmobiliarias están siendo investigados en la República Dominicana, el proyecto de ley que regula los servicios inmobiliarios y el contrato de corretaje será reintroducido al Congreso en la próxima legislatura, que inicia este 27 de febrero.
El anuncio fue realizado por el diputado Braulio de Jesús, representante de la circunscripción 2 de Santiago, quien presidió la comisión especial encargada de revisar el proyecto. De Jesús destacó que, aunque el proyecto no se incluyó en la agenda de la legislatura pasada debido a los plazos, la comisión ya rindió un informe favorable con modificaciones al proyecto el 11 de diciembre de 2024, después de nueve meses de trabajo.
“La comisión organizadora no la colocó en agenda ya por el tiempo que teníamos para terminar la legislatura, que concluyó el 12 de enero, pero nosotros le dimos un informe favorable, porque entendemos que es una pieza sumamente importante para devolverle la confianza a los agentes inmobiliarios, que quieren ser regulados”, explicó el legislador.
Objetivo del proyecto
El objetivo principal del proyecto es proteger la relación jurídica entre los proponentes y los corredores de bienes raíces, regulando las operaciones relacionadas con la compra, venta y arrendamiento de inmuebles. Además, busca garantizar la transparencia y protección de los derechos de los contratantes, lo cual resulta clave para fortalecer la confianza en el mercado inmobiliario.
El diputado Braulio de Jesús considera que, en el contexto de los recientes casos de estafa inmobiliaria, la ley es fundamental para restaurar la confianza de los compradores. “Estamos trabajando con las personas a las cuales nosotros citamos y que se dignaron a pasar por la comisión, para ver si sometemos una pieza ya con las modificaciones necesarias para cuando sea enviada a la Comisión de Justicia”, indicó.
Un proyecto clave para el sector inmobiliario.
El presidente de la Asociación de Empresas y Agentes Inmobiliarios (AEI), que agrupa a 230 empresas y más de 3,500 agentes y asesores, destacó que este es el cuarto intento en los últimos 15 años de regularizar el sector, pero resaltó que la propuesta actual es la que ha avanzado más significativamente.
“Estamos en un buen momento (para aprobarlo) porque es una necesidad que la pide el mercado inmobiliario”, señaló. Además, destacó que el proyecto contempla que las inmobiliarias operen bajo una licencia emitida por el Estado dominicano, lo que, según él, generaría mayor confianza, seguridad y garantías tanto a inversionistas como a compradores de propiedades.
El proyecto está listo para ser revisado por la Cámara Baja, y de ser aprobado, pasaría a la Cámara Alta para su ratificación y, finalmente, su promulgación como ley.
