RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- En República Dominicana, es casi cultural quejarse al Gobierno sobre la cantidad de inmigrantes en el país y que, la mayoría de las veces, ocupan los puestos de trabajo que en ocasiones nosotros necesitamos.
En ese sentido, la gestión del presidente, Luis Abinader, se ha enfocado, de lleno, en distintos temas que incomodan, pero a restado prioridad a la cantidad inmensa de extranjeros de diversas nacionalidades, en su mayoría haitianos, en el país.
Por su parte, el viceministro de Gestión Migratoria y Naturalización del Ministerio de Interior y Policía, Juan Manuel Rosario, declaró que la gestión pasada del Gobierno facilitó, por presiones internacionales, la inclusión de personas en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros que no cumplen con los requisitos legales.
Rosario indicó que justificar 2 mil millones de pesos destinados al plan debían justificarse, y utilizaron la esta “violación de la ley” para excusarse en ello.
“Hubo un momento que el propio Gobierno dice que en ese momento solo calificaron algo más de 6 mil personas, y después aparecen 288 mil. Lo que ocurrió con esos 6 mil, usted está hablando de que se invirtieron más de 2 mil millones de pesos. Usted decir que solo se han regularizado 6 mil personas donde se han invertido 2 mil millones de pesos, había que buscar la forma de ver cómo se justificaba la situación (…) comenzaron a regularizar personas sin reunir ninguna de las condiciones que establece la ley”, destacó Rosario.
Hace casi un año, el Plan de regularización demostró que el 97 % de los extranjeros no fueron regularizados por falta de documentos, sin embargo, no se ha vuelto a hablar del tema, pese a todos los cambios en el Congreso y nuevos funcionarios designados. Este tema que nos atañe a todos los dominicanos debe tomarse con la misma responsabilidad que conlleva el Código Penal.
Entonces, es un problema no solo de una gestión que lleva casi cinco años fuera, sino que la actual no ha hecho las maniobras necesarias para acabar, o al menos, regularizar, la alta tasa de inmigrantes en República Dominicana, que actualmente asciende a 603.794.
El funcionario agregó que se facilitó a las “presiones” internacionales ya que desde antes de empezar el plan, querían violentar el interés nacional. Además, destacó que la Ley General de Migración establece que es la Dirección en sí que debe ejecutar la política migratoria, y por consiguiente, debió ser la responsable de realizar el plan de regularización. No obstante, el Ministerio de Interior y Policía que ejecutó el plan por los extensos recursos que manejaban.
Rosario consideró como “alarmante” que se utilizara una misma acta de nacimiento para regularizar a varios extranjeros, lo que impulsó a las autoridades actuales a hacer un levantamiento del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros para corregir e investigar estas irregularidades.
El mencionado plan consistía en otorgar los permisos a los extranjeros para que transiten en el país de manera legal, sin embargo, y como siempre, las autoridades se aprovecharon del poder para cobrar de más a los ciudadanos que solicitaban dichos procesos.
De acuerdo a investigaciones, el Plan Nacional de Regularización se puso a cargo de Interior y Policía. Hasta marzo del 2015 estuvo a cargo de José Ricardo Taveras, de la Fuerza Nacional Progresista, pero no era una sorpresa que enfocara su atención a sus intereses políticos que a lo que le concernía.
“Las autoridades de Haití han demostrado su incapacidad para responder al reclamo de documentar a sus nacionales que han cruzado la frontera. Aparte de ser beneficiarios con la remisión de remeses, las autoridades de Haití tienen al grupo de haitianos en la República Dominicana como una fuente de explotación en servicios tan vitales como la emisión de pasaportes, la renovación de actas de nacimiento y otros documentos que reclaman las autoridades dominicanas para la regularización de la comunidad extranjera”, se expresa en los medios de comunicación.
Para 2023, se reportó que 252,407 de los extranjeros regularizados no cumplieron con los requisitos, representado el 97 % de los solicitantes. Esto indica que, al parecer, el actual Gobierno no está “tan mal” como expresan algunos funcionarios detractores.
Esperemos que esta nueva legislación que iniciará en agosto del 2024, se enfoque en mejorar lo que los Gobiernos anteriores no pudieron resolver.
