RDÉ DIGITAL, ESTADOS UNIDOS (EFE).- Más de 530,000 migrantes provenientes de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua perderán en las próximas semanas su residencia en Estados Unidos, tras una decisión del Tribunal Supremo que autoriza al Gobierno de Donald Trump a revocar el programa de parole humanitario implementado durante la administración de Joe Biden.
La medida afecta a ciudadanos considerados “inadmisibles” que habían recibido permisos temporales para residir y trabajar legalmente en el país.
El programa, conocido como CHNV por las siglas de las nacionalidades incluidas, se creó en octubre de 2022 como respuesta a la creciente llegada de migrantes de esos países, y tenía como objetivo ofrecer una vía ordenada de ingreso legal para evitar la migración irregular y reducir la presión en la frontera sur. Hasta enero de 2024, más de 530,000 personas se han beneficiado con permisos de estadía por dos años, renovables.
Con esta revocación, quienes no hayan solicitado asilo ni cuenten con una base legal para permanecer deberán abandonar voluntariamente el país antes del vencimiento de su permiso, según indica un aviso que se publicará este martes en el Registro Federal. De lo contrario, podrían enfrentar procesos de expulsión acelerada.
Parole humanitario
La decisión representa un giro en la política migratoria estadounidense. Mientras que la administración anterior argumentaba que el parole ayudaba a controlar los flujos migratorios, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) bajo el gobierno de Trump señala que los resultados no justifican su continuación, alegando que las detenciones mensuales en la frontera han disminuido desde mediados de 2023.
El DHS también suspendió las renovaciones y la emisión de nueva residencia bajo este esquema, y advirtió que aquellos que permanezcan en territorio estadounidense sin otra protección legal, como el Estatus de Protección Temporal (TPS) o solicitudes de asilo en curso, pueden ser deportados.
La cancelación de la residencia deja en el limbo a más de medio millón de personas que habían encontrado en este programa una oportunidad para escapar de crisis humanitarias y políticas en sus países de origen. Entre los afectados se encuentran más de 210,000 haitianos, 110,000 cubanos, 117,000 venezolanos y 93,000 nicaragüenses.
Analistas migratorios y defensores de derechos humanos han advertido sobre el impacto social de esta decisión, que podría generar nuevas olas de desplazamiento forzado y saturar los sistemas de inmigración.
También ha surgido preocupación sobre el futuro de otros grupos acogidos bajo programas similares, como los más de 240,000 ucranianos llegados tras la invasión rusa, quienes podrían enfrentar medidas similares en las próximas semanas.
