RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) explicó este miércoles los alcances de la Resolución núm. DGCP-DG-02-2026.
La medida regula las compras públicas de bienes y servicios destinados a la defensa, inteligencia y seguridad del Estado.
Además, la entidad aclaró que la normativa surge ante interpretaciones confusas en algunos medios.
Por ello, precisó que estos procesos requieren controles reforzados.
Controles más estrictos por riesgos y sensibilidad
En ese sentido, la DGCP indicó que las contrataciones en seguridad nacional manejan información sensible.
También involucran bienes críticos y riesgos elevados.
Por tanto, la resolución establece lineamientos estrictos de integridad y seguridad de la información.
Asimismo, incluye mecanismos de control de riesgos en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
La institución destacó que el objetivo es garantizar transparencia, trazabilidad y control del gasto.
Alcance de la normativa y sectores impactados
La DGCP explicó que la resolución solo aplica a áreas específicas.
Entre ellas figuran defensa, inteligencia y seguridad del Estado.
Además, abarca tecnologías digitales, infraestructuras críticas y sistemas de información estratégicos.
Según el organismo, estos sectores representan riesgos para la seguridad nacional.
De no existir controles adecuados, podrían generarse vulnerabilidades o accesos indebidos.
Incluso, se podrían crear dependencias tecnológicas que afecten la soberanía digital.
Base legal y rol de inteligencia nacional
Para mitigar estos riesgos, la medida se fundamenta en la Ley 1-26 del 9 de enero de 2026.
Dicha legislación asigna funciones clave a la Dirección Nacional de Inteligencia.
En consecuencia, esta entidad debe contribuir a la seguridad de los sistemas tecnológicos del Estado.
También debe garantizar la protección de la información de alto interés nacional.
Coordinación con el Instituto Criptográfico Nacional
Asimismo, el Instituto Criptográfico Nacional tendrá un rol estratégico.
Este organismo fue creado mediante el Decreto núm. 612-24.
Entre sus funciones está coordinar el uso de tecnologías de cifrado.
Igualmente, certificará el acceso a información clasificada.
Obligaciones para las entidades del Estado
Por otro lado, la resolución impone obligaciones a todas las instituciones públicas.
Estas deberán aplicar medidas técnicas y organizativas para proteger la información.
Además, deberán garantizar confidencialidad, integridad y seguridad de los datos.
También tendrán que implementar cifrado, trazabilidad y auditoría en los sistemas.
De igual forma, deberán reportar incidentes al Centro Nacional de Ciberseguridad.
Igualmente, deberán coordinar acciones con el Instituto Criptográfico Nacional.
Supervisión y certificaciones obligatorias
Para estos procesos, la normativa exige requisitos adicionales.
Por ejemplo, las instituciones deberán contar con certificación técnica previa.
Asimismo, estarán sujetas a monitoreo basado en riesgos mediante mecanismos automatizados.
También deberán presentar informes de integridad antes de adjudicar contratos.
Articulación institucional para mayor seguridad
Finalmente, la DGCP aseguró que existe una coordinación interinstitucional.
En este esfuerzo participan la Dirección Nacional de Inteligencia y sus dependencias.
También intervienen el Instituto Criptográfico Nacional y el Centro Nacional de Ciberseguridad.
Además, se suma la División de Investigación de Delitos Informáticos.
De esta manera, el Estado busca fortalecer la seguridad de la información.
Al mismo tiempo, procura garantizar la integridad de las compras públicas estratégicas.
