RDÉ DIGITAL SANTO DOMINGO.- La Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados ha mantenido una importante sesión con el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaño Guzmán, para abordar la Ley 1-24, que establece la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
En su presentación, Castaño Guzmán hizo hincapié en que su análisis se centraría en los aspectos técnicos y jurídicos de la ley, evitando entrar en consideraciones políticas. Señaló que la mayoría de los países de América cuentan con leyes similares a la que crea la DNI y subrayó la necesidad de que el Estado dominicano tenga una legislación de esta índole.
El representante de FINJUS compartió el resultado de la investigación realizada en países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, destacando que en todos ellos, las acciones de la DNI deben contar con respaldo judicial. También señaló que estas leyes suelen incluir un catálogo de definiciones detalladas sobre amenazas a la seguridad nacional, inteligencia estratégica, operaciones encubiertas, contra inteligencia, informaciones clasificadas, cooperación internacional, vigilancia electrónica, entre otros aspectos sensibles.
En cuanto a las recomendaciones, Castaño Guzmán enfatizó la importancia de prestar atención al debido proceso y la razonabilidad, consolidando un esquema que respete las libertades y derechos individuales. Propuso una definición clara de los requisitos para la solicitud de información, así como la determinación de un órgano superior que apruebe y supervise las actuaciones que involucren la recolección de datos.
Además, hizo hincapié en los riesgos de protección de la información privada manejada por entidades de telecomunicaciones y abogó por la necesidad de preservar la confidencialidad de la información solo en casos limitados y previstos por la ley.
La Comisión, encabezada por el diputado Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, recibió las recomendaciones de FINJUS y expresó su interés en continuar el diálogo para mejorar la legislación en función de los principios fundamentales y el respeto a los derechos ciudadanos.
