RDÉ DIGITAL, ARGENTINA.- Un informe reciente de la Policía Federal de Brasil ha revelado que el expresidente Jair Bolsonaro, actualmente bajo prisión domiciliaria, habría planeado solicitar asilo político al Gobierno argentino liderado por Javier Milei.
La información se desprende de un documento encontrado en uno de los teléfonos móviles confiscados en el marco de la investigación por un presunto intento de golpe de Estado.
El documento, sin fecha y sin firma, describe a Bolsonaro como una víctima de persecución política en Brasil y justifica su solicitud de asilo por estas razones.
Según las autoridades, este archivo permitiría al exmandatario buscar refugio fuera del país, especialmente tras el inicio de las pesquisas judiciales en su contra.
Tribunal impuso varias medidas a Bolsonaro
El mes pasado, el Supremo Tribunal Federal (STF) impuso varias medidas cautelares a Bolsonaro, entre ellas el uso de una tobillera electrónica y la prohibición de usar redes sociales, debido al riesgo de fuga y a incumplimientos previos. Posteriormente, se ordenó su prisión domiciliaria.
La policía brasileña sospecha que la autora del borrador del pedido de asilo sería la esposa del senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente.
Este hallazgo forma parte de una investigación mayor que también involucra a Eduardo Bolsonaro, otro de sus hijos, quienes son señalados por coaccionar a la Corte Suprema para obstaculizar el proceso judicial relacionado con el intento de golpe.
Además, se acusa a Bolsonaro y Eduardo de intentar influir en el Gobierno de Estados Unidos, durante la administración de Donald Trump, para realizar actos considerados hostiles hacia Brasil y frenar la causa judicial.
Eduardo Bolsonaro se encuentra en Estados Unidos desde hace aproximadamente seis meses.
El expresidente enfrenta un juicio penal que comenzará el próximo 2 de septiembre en el STF, con cargos que incluyen liderar una conspiración golpista para impedir la asunción del presidente Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022. La pena máxima podría alcanzar los 40 años de prisión.
Este caso también tuvo repercusiones internacionales, ya que la administración Trump impuso aranceles adicionales a las importaciones brasileñas.
