RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Una revisión exhaustiva a los recursos financieros que reciben todos los partidos políticos ha sido una constante exigencia de los sectores sociales en el país. Se argumenta que los millonarios fondos deben ser revisados para evitar que delitos como la corrupción o el narcotráfico penetren a la clase política.
Ante la posibilidad de crear una nueva ley para fiscalizar los fondos de los partidos y movimientos políticos, varios congresistas consideraron que una nueva legislación para auditar el dinero que reciben los partidos “es innecesaria” porque, a su juicio, ya existen normativas dispuestas para ese fin.
Los legisladores se refieren a ocho artículos de la Ley 20-23, sobre Régimen Electoral y a 15 artículos de la Ley 33-18 de Partidos, Movimientos y Agrupaciones Políticas. En todos los puntos se detalla cómo deben usarse los fondos en los partidos y se explican las formas para la fiscalización del dinero.
Nueva ley sería innecesaria
Para el vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el Senado, Yván Lorenzo, una nueva ley para fiscalizar los recursos partidarios sería redundante, ya que las actuales legislaciones disponen de todo un mecanismo para la revisión del dinero.
El senador Elías Piña citó a militancias como las del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que, a pesar de ganar las últimas elecciones, no han entregado informes del uso de los recursos que el Estado les entregó, lo que consideró como una debilidad en la fiscalización que ordenan las leyes.
El diputado Juan Dionicio Restituyo, del partido Frente Amplio, sostiene que existe una falta de institucionalidad en el país que provoca que los partidos políticos exijan al Gobierno la derogación de sus fondos, aun cuando en el propio Gobierno existen candidatos oficialistas que competirán en las elecciones.
El diputado nacional Carlos de Jesús, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), enfatizó que el desembolso de los fondos a los partidos se hizo en cumplimiento con la Ley 20-23 de Régimen Electoral, la misma normativa que establece una revisión al dinero. Según él, esto garantiza una buena participación democrática y el fortalecimiento de los partidos.
En cuanto a la legislación vigente, la ley de régimen electoral habla sobre el uso y manejo de los fondos partidarios en los artículos que van desde el 217 al 224. Los referidos artículos establecen cómo se deben elaborar los informes de uso de dinero, así como la fiscalización que debe aplicar la Junta Central Electoral (JCE).
Por su parte, otros 15 artículos de la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, dejan establecido el método sobre topes de gastos en los partidos y también disponen la entrega de informes donde se detallen los usos dados a los recursos que reciben los partidos desde el Gobierno.
En conclusión, el debate sobre la necesidad de una nueva ley para fiscalizar los fondos de los partidos políticos sigue generando discusiones en el Congreso, donde diferentes opiniones y perspectivas buscan encontrar un equilibrio entre la transparencia financiera y el fortalecimiento de la democracia en el país.
