RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Roberto Rosario, expresidente de la Junta Central Electoral (JCE), enfatizó la necesidad de regular las candidaturas independientes, subrayando que su existencia no implica que deban operar al margen de las normativas vigentes.
Durante una entrevista en el programa “Hoy Mismo” por Color Visión, Rosario expresó que, aunque se ha exagerado en torno a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, es esencial establecer regulaciones claras para las candidaturas independientes.
El dirigente político, también miembro de la Dirección Política de Fuerza del Pueblo, destacó la importancia de incluir a todos los partidos y organizaciones de la sociedad civil en discusiones sobre este tema. Señaló que el Tribunal Constitucional, como órgano político del sistema judicial dominicano, debería haber consultado a los actores involucrados antes de tomar una decisión de tal magnitud.
Rosario identificó un problema estructural en el sistema constitucional dominicano, centrado en los partidos políticos, según lo establecido en el artículo 216 de la Constitución. Este artículo garantiza la libertad de organización de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, siempre que se respeten los principios constitucionales. Sin embargo, advirtió que para que un candidato independiente pueda participar, es necesario que cuente con una estructura organizada que le permita tener delegados en las mesas electorales.
El expresidente de la JCE sugirió flexibilizar los requisitos para las candidaturas independientes, sin comprometer la necesidad de un sistema de control y rendición de cuentas. Enfatizó que el sistema no puede sostener el antisistema.
Finalmente, Rosario elogió la labor de la Junta Central Electoral, que ha estado actuando de manera correcta al coordinarse con los partidos políticos. Destacó que la JCE ha solicitado a los partidos que compartan sus opiniones e ideas, y está trabajando para que el proyecto de ley que se presente cuente con el respaldo de la mayoría de los partidos. Espera que esto ayude a que el Congreso, tanto senadores como diputados, emita una ley que se ajuste a la decisión del Tribunal Constitucional y que permita su implementación sin poner en riesgo el sistema.
