RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La Política de Protección de Datos que ha implementado la Suprema Corte de Justicia (SCJ) sigue acumulando opiniones en contra, y ahora se pronuncia el expresidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario.
Al criticar la propuesta del Poder Judicial, afirma que la Política de Protección de Datos restringe el acceso a la información publica y afecta la libertad de expresión, por lo que instó al organismo “revocar la propuesta”.
Rosario, quien también es miembro de la Dirección Política del partido Fuerza del Pueblo, expresó que “la decisión que se está adoptando en el Poder Judicial es consonante con un ambiente generalizado en el Estado dominicano de querer restringir el acceso de los medios de comunicación a las fuentes de información”.
Rechazo desde la Sociedad Dominicana de Diarios
La crítica de Rosario se suma a la postura de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), que calificó la política como un intento de “legislar unilateralmente”, advirtiendo que podría comprometer el derecho al acceso público a los expedientes judiciales.
Según la SDD, la medida otorgaría al Poder Judicial un excesivo poder discrecional que podría ser usado para ocultar información de relevancia pública.
Por su parte, la SCJ, presidida por Luis Henry Molina, sostiene que la política tiene como objetivo proteger los datos personales innecesarios contenidos en decisiones judiciales. Sin embargo, la SDD argumenta que la medida podría fomentar la opacidad en los procesos judiciales.
Críticas de Roberto Rosario
Rosario fue enfático al señalar que la política limitaría la transparencia en los juicios:
“Ahora quieren prohibir que los elementos que se discuten en los tribunales, en los juicios, sean de conocimiento público”. También destacó que la transparencia es esencial para fortalecer el sistema judicial y proteger la democracia.
Contexto
El debate se enmarca en una creciente preocupación por el equilibrio entre la protección de datos personales y el derecho a la información pública. La implementación de políticas similares ha generado controversia en otros países, donde el riesgo de limitar la transparencia judicial ha sido objeto de intenso escrutinio.
