RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El director de la Oficina Nacional de Defensoría Pública (ONDP), Rodolfo Valentín, instó ayer al Estado a reconsiderar la administración de los centros penitenciarios del país, sugiriendo que no deben seguir siendo gestionados por miembros de la Policía Nacional. Según Valentín, los agentes no cuentan con la capacitación necesaria para asumir esta responsabilidad, además de que la Ley Orgánica de la Policía prohíbe este tipo de funciones.
El funcionario destacó que sería un “error” permitir que los centros penitenciarios sigan bajo el control de la Policía, argumentando que los abusos y las violaciones a los derechos humanos que se producen en las cárceles del país son consecuencia de este modelo de administración. “Lo inadmisible que sucede en los centros administrados por la Policía ocurre, principalmente, en los recintos carcelarios”, afirmó.
Durante un almuerzo navideño con periodistas en la capital, Valentín subrayó que la administración de las cárceles debe estar en manos de personal capacitado en derechos humanos, derecho constitucional, tratamiento penitenciario y uso adecuado de la fuerza. Aseguró que se debe contar con un equipo que no solo administre, sino que también trabaje en la rehabilitación y reintegración de los internos.
En cuanto al sistema penitenciario del país, Valentín expresó su preocupación por el persistente hacinamiento en los centros de reclusión, a pesar de la implementación de la Ley 113-21, que derogó la antigua Ley de Prisiones. Esta nueva legislación prometía la reforma del sistema, pero el director de la ONDP señaló que no ha dado los resultados esperados, ya que aún carece de un reglamento que regule su aplicación.
“El nuevo modelo penitenciario ha absorbido al viejo, y ambos sistemas son ahora una especie de ‘tierra de nadie’. Los preventivos y condenados, incluyendo a asesinos, violadores, y otros delitos graves, están todos mezclados, lo que contribuye a la ineficacia del sistema”, puntualizó Valentín.
El director de la ONDP también advirtió que el problema no se debe a la infraestructura, sino a la gestión. “Lo que debemos hacer es desaprender lo que no funciona y aprender a administrar un sistema carcelario con un enfoque más humano y orientado a la rehabilitación”, subrayó.
En cuanto a los logros de la Defensoría Pública, Valentín destacó que, a lo largo de sus 20 años de servicio, ha asistido a más de un millón de personas en conflicto con la ley penal, brindando apoyo legal a aquellos que muchas veces resultan ser inocentes. Informó que, en 2023, la institución logró resolver alrededor de 5,000 casos con absoluciones o autos de no ha lugar, lo que resalta el impacto positivo de su trabajo.
Finalmente, Valentín reafirmó que la misión de la Defensoría no es defender delincuentes, sino velar por los derechos de las personas vulnerables involucradas en el sistema judicial, asegurando que los casos sean tratados de manera justa y equitativa.
