RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La Superintendencia de Bancos (SB) informó que un total de 304,931 personas registraban deudas en mora o con retrasos superiores a 30 días en el sistema financiero nacional al mes de febrero de 2025. Esta cartera de crédito vencida representa RD$37,841.6 millones.
El indicador general de morosidad, que incluye capital y rendimientos, se situó en 1.75 % al cierre de marzo, reflejando una tendencia al alza en los últimos tres años: 1.07 % en diciembre de 2022, 1.14 % en 2023 y 1.55 % al final de 2024.
Créditos de consumo con mayor retraso
Los créditos de consumo, especialmente tarjetas personales y préstamos personales, presentan los niveles más altos de morosidad. A febrero, las tarjetas personales reportaron un 5.44 %, seguidas por los préstamos personales con 3.48 %. También se registraron atrasos en tarjetas comerciales (2.92 %), créditos a mipymes (1.71 %), préstamos hipotecarios (0.73 %) y cartera comercial sin mipymes (0.24 %).
En diciembre pasado, los deudores en mora sumaban 283,373, con un saldo vencido de RD$33,815.6 millones.
En total, el saldo adeudado al sistema financiero por todos los clientes ascendía a RD$2,217,312.7 millones a febrero de 2025, según cifras oficiales.
Corporaciones de crédito lideran en mora
De acuerdo con el Sistema de Información del Mercado Bancario Dominicano (Simbad), las corporaciones de crédito registraron la mayor tasa de morosidad con 2.56 %, seguidas de los bancos de ahorro y crédito (2.19 %) y las asociaciones de ahorros y préstamos (1.94 %). En contraste, las entidades públicas presentan el nivel más bajo, con 0.11 %.
Medidas para mitigar riesgos
Consultada sobre las acciones que implementan las entidades supervisadas, la Superintendencia explicó que estas desarrollan métricas para analizar los perfiles de los deudores en mora, con el objetivo de prevenir riesgos, exigir mayores garantías y restringir nuevas operaciones con características similares.
Estas medidas buscan proteger la salud financiera del sistema, prevenir pérdidas económicas y fomentar prácticas de crédito responsables y sostenibles.
