RDÉ DIGITAL SANTO DOMINGO.- La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) anuló una sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que favorecía a particulares con una indemnización millonaria por terrenos en el Parque Nacional Sierra de Bahoruco. El fallo, que había sido emitido en junio de 2023, ordenaba al Estado el pago de 676 millones de pesos a la empresa DC International, SRL., representada por Tomás Dantés Castillo. La decisión de la SCJ implica que el caso será enviado a la Cuarta Sala del TSA para un nuevo análisis.
El caso se originó cuando los demandantes alegaron que un terreno de su propiedad, que abarca 16.9 millones de metros cuadrados, había sido afectado por su inclusión en un área protegida, a través del decreto 1315 de 1983, que establece el Parque Nacional Sierra de Bahoruco.
En respuesta a la sentencia inicial del TSA, el Ministerio de Medio Ambiente presentó un recurso de casación ante la SCJ, junto con una demanda en suspensión de ejecución, argumentando que la decisión podría dañar el patrimonio nacional. El ministerio advirtió que no hubo una expropiación formal y que, según la Constitución y la Ley Sectorial de Áreas Protegidas (202-04), las áreas protegidas son inalienables.
La Suprema Corte de Justicia, al revisar el caso, identificó que el TSA no evaluó adecuadamente dos aspectos clave. El primero, si la declaración del área protegida restringió los derechos de propiedad de DC International y Tomás Dantés Castillo. El segundo, la dimensión social del derecho de propiedad, que permite ciertas limitaciones sin compensación, conforme a la Constitución.
Una fuente vinculada al caso aseguró que esta decisión será determinante para otras demandas similares que se encuentren en trámite en el TSA, señalando que “la SCJ ha dado un mensaje claro”.
Recientemente, el Ministerio de Medio Ambiente informó que existen 16 litigios relacionados con parcelas del Parque Nacional Sierra de Bahoruco, ubicadas en el municipio Duvergé, provincia Independencia. Estas demandas están siendo estudiadas por las autoridades.
El caso ha atraído la atención de diversas organizaciones ambientales, que alertan sobre un posible fraude millonario al Estado. La Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas denunció que, en medio de amenazas de privatización de las áreas protegidas, un nuevo mecanismo de enriquecimiento ilícito está surgiendo: las demandas por justiprecio, que buscan compensación por la expropiación de terrenos. Sin embargo, advierten que estas demandas se están realizando sobre terrenos cuyo derecho de propiedad no ha sido depurado.
