RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ha establecido un importante criterio jurisprudencial relacionado con dos aspectos clave en el ámbito legal: el estado de indefensión y la figura procesal de la reapertura de debates.
Este fallo, contenido en la sentencia núm. SCJ-PS-23-2732 del 29 de diciembre de 2023, arroja luz sobre la interpretación de estos conceptos y su aplicación en el sistema judicial.
En primer lugar, se aborda el concepto de indefensión, señalando que este se produce cuando la inobservancia de una norma procesal conduce a una limitación real y efectiva del derecho de defensa, generando un perjuicio al colocar a una de las partes en una situación de desventaja.
En este sentido, se destaca que el objetivo fundamental del derecho de defensa es asegurar la efectiva garantía y realización de los principios procesales de contradicción y de igualdad de armas.
Por otro lado, se analiza la figura de la reapertura de debates, la cual se presenta como una facultad soberana de los jueces del fondo. Esta herramienta, aunque no está expresamente contemplada en el Código de Procedimiento Civil de la República Dominicana, tiene como finalidad mantener la lealtad de los debates y permitir el esclarecimiento de los hechos en un proceso judicial.
La decisión de ordenar o no la reapertura de debates recae en los jueces del fondo, quienes pueden hacer uso de esta medida incluso de oficio, a fin de garantizar la claridad de los hechos y la salvaguarda del derecho de defensa de las partes involucradas.
En el caso específico abordado en esta sentencia, los jueces Justiniano Montero, Samuel Arias Arzeno y Vanessa Acosta Peralta rechazaron un recurso de casación interpuesto contra una sentencia de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Esta sentencia estaba relacionada con una demanda de resciliación de contrato de alquiler por la llegada del término y desalojo.
Este fallo sienta un precedente importante en el ámbito jurídico, contribuyendo a la clarificación de conceptos fundamentales y a la aplicación coherente de la ley en el sistema judicial de la República Dominicana.