RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El actual presidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), José Florentino Rodríguez, declaró ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional sobre las irregularidades encontradas en la institución a su llegada en octubre de 2020.
En su testimonio, presentado como testigo del Ministerio Público, reveló que se pagaban más de RD$120 millones al año en nómina irregular.
Rodríguez detalló que, durante la gestión de Fernando Rosa y Carmen Magalys Medina Sánchez, se pagaban más de RD$120 millones anualmente a personas que no ejercían ninguna función. “La nómina mensual era de RD$19 millones, fue reducida a RD$13 millones y tras el último levantamiento nuestro, quedó en RD$8 millones”, explicó al ser cuestionado.
El testigo especificó que había unas 370 personas en nómina, de las cuales, entre junio y julio de 2020, fueron desvinculadas más de 200 tras identificar que no realizaban ninguna función.
En consulta con el Ministerio de Administración Pública (MAP) y siguiendo el reglamento interno, Rodríguez procedió a liquidar parte del personal, que había sido cancelado previo a la salida de Rosa y Medina Sánchez.
Rodríguez también señaló irregularidades en el Departamento de Compras y Contrataciones. Según su testimonio, la ex encargada del departamento, Juana Evangelista de los Santos (fallecida), indicó que le señalaban con anterioridad quién sería el ganador de los procesos de compras y contrataciones. “Juana de los Santos reportaba a la entonces vicepresidenta administrativa, Magalys Medina Sánchez”, añadió.
Carmen Magalys Medina Sánchez, exvicepresidenta del FONPER, forma parte de los implicados en el entramado de corrupción desmantelado mediante la Operación Antipulpo, que estafó al Estado con más de RD$5,000 millones.
Su hermano, Alexis Medina Sánchez, encabezaba el esquema, beneficiándose de contratos millonarios para suministrar equipos y servicios a diversas instituciones públicas.
En junio de 2021, a requerimiento de la Procuraduría Especializada en Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), Rodríguez remitió un informe que documentaba las anomalías halladas por la Cámara de Cuentas durante una exhaustiva auditoría de seis meses en la institución.
El Ministerio Público incorporó dicho informe como prueba documental ante el tribunal.
La audiencia fue aplazada para el próximo lunes 15 de julio, debido a inconvenientes de salud presentados por Gabriel Brugal Villanueva, abogado de Fernando Rosa.
