RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El Senado de la República acogió las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto que reforma la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, con lo que la iniciativa quedó lista para ser remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación.
La pieza legislativa incorpora cambios dirigidos a fortalecer el sistema de manejo de residuos sólidos, actualizar el esquema de contribución económica y promover prácticas ambientales sostenibles en todo el territorio nacional.
Entre las principales modificaciones figura un nuevo mecanismo para el manejo de los residuos, que permitirá a los generadores que contraten gestores autorizados entregarlos clasificados en orgánicos e inorgánicos o destinarlos directamente a procesos de valorización y aprovechamiento.
La normativa también sustituye el modelo anterior de contribución especial por una escala basada en los ingresos anuales de las personas jurídicas, con aportes que oscilarán entre RD$5,000 y RD$2.2 millones.
Los montos serán ajustados cada año de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Banco Central.
La contribución será obligatoria para las personas jurídicas y las instituciones públicas y privadas, con excepción de las organizaciones sin fines de lucro.
En el caso de las empresas privadas, el pago se efectuará en dos cuotas semestrales a través de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), mientras que las entidades públicas recibirán los recursos mediante el Presupuesto General del Estado.
Los fondos recaudados serán destinados al fortalecimiento de la gestión integral de residuos en municipios y distritos municipales, incluyendo la construcción y operación de estaciones de transferencia, rellenos sanitarios, plantas de valorización y otras infraestructuras contempladas en el fideicomiso creado para esos fines.
Régimen especial de la Ley
El proyecto también incorpora un régimen especial para empresas con márgenes regulados y para los comisionistas, además de permitir que la contribución pueda deducirse de la renta bruta conforme a las disposiciones del Código Tributario.
Otra de las disposiciones aprobadas prohíbe la importación de pajillas, vasos, cubiertos y otros productos desechables elaborados en plástico o foam que no cuenten con certificación de biodegradabilidad.
La legislación promueve el uso de materiales alternativos, como papel reciclado, bagazo de caña, bambú y otros productos compostables. Esta medida entrará en vigor seis meses después de la promulgación de la ley.
