RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El Senado aprobó este jueves, con declaratoria de urgencia y el voto unánime de los legisladores presentes, un proyecto de ley que modifica el régimen de distribución del presupuesto municipal y elimina las sanciones penales aplicables a alcaldes y otras autoridades locales por incumplimientos en esa materia.
La iniciativa, presentada por el senador oficialista Aneudy Ortiz, introduce cambios al artículo 21 de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, recientemente reformada por la Ley 75-25.
El proyecto plantea una mayor flexibilidad en el uso de los recursos que los ayuntamientos reciben a través de transferencias del Presupuesto General del Estado.
Entre los principales ajustes, la propuesta amplía el margen del gasto corriente hasta un 75 % del total de los ingresos transferidos, reemplazando el límite previo que restringía especialmente los pagos de personal.
Este gasto corriente incluye la nómina del personal fijo y contratado, las remuneraciones de funcionarios electivos, así como los costos asociados al funcionamiento, mantenimiento y prestación de los servicios municipales.
Proyecto permite mayor flexibilidad interna
La normativa vigente establece que ese 75 % del gasto corriente debe distribuirse en tres partidas: 30 % para gastos de personal, 40 % para funcionamiento y servicios municipales, y 5 % para programas de educación, salud y género.
El proyecto mantiene intacto este último porcentaje, destinado a políticas sociales, pero permite una mayor flexibilidad interna en el uso de los recursos dentro del gasto corriente.
En cuanto a la inversión, la iniciativa conserva el 25 % del presupuesto para gastos de capital, orientados a obras de infraestructura, construcción y remodelación de inmuebles, así como a la adquisición de bienes vinculados a proyectos de desarrollo local.
Estos fondos también podrán destinarse a iniciativas de reinversión y desarrollo económico y social, conforme a los mecanismos del presupuesto participativo y la normativa vigente.
Otro aspecto central del proyecto es la eliminación de las sanciones penales previstas en la legislación actual para las autoridades municipales que incumplan las disposiciones sobre la distribución presupuestaria.
Dichas sanciones contemplaban penas de dos a cinco años de prisión, multas equivalentes a entre cinco y veinte salarios mínimos, así como la inhabilitación para ejercer funciones públicas.
Tras su aprobación en el Senado, el proyecto de ley será remitido a la Cámara de Diputados para su estudio y eventual sanción.
