RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.– El Senado de la República recibió el proyecto de ley orgánica que regula el uso de la fuerza pública en medidas conservatorias y ejecutorias, en cumplimiento de la sentencia TC 0743/25 del Tribunal Constitucional (TC).
Cumplimiento de la sentencia del TC
La ley responde a los aspectos señalados por el TC para evitar que la normativa vuelva a ser declarada inconstitucional. La ejecución de las decisiones judiciales quedará exclusivamente en manos de los tribunales, y no del Ministerio Público, como establecía la Ley 396-19.
El TC había pedido al Congreso Nacional emitir una nueva ley que corrigiera la inconstitucionalidad formal de la legislación vigente.
Aspectos clave del proyecto
El senador Cristóbal Venerado Castillo (PRM-Hato Mayor) presentó el proyecto el 15 de septiembre. La iniciativa aún no ha sido tomada en consideración.
Entre sus disposiciones principales:
- Garantiza la legalidad y razonabilidad de los agentes que asistan en el uso de la fuerza pública.
- Sustituye “Ministerio Público” por “tribunales” en la ejecución de sentencias y títulos ejecutorios.
- El tribunal que dictó la decisión otorgará la fuerza pública para medidas sobre muebles e inmuebles, embargos, desalojos y actos comprobatorios.
- Elimina el artículo que prohibía la conciliación de oficio por parte del Ministerio Público.
Marco constitucional
El proyecto cumple con el artículo 112 de la Constitución sobre leyes orgánicas y con la sentencia TC/0110/13, asegurando que el Poder Judicial ejerza su facultad jurisdiccional según el artículo 149 de la Carta Magna.
Con esta ley, el Congreso garantiza que el uso de la fuerza pública se realice bajo legalidad y respeto a las decisiones judiciales, corrigiendo la deficiencia de la normativa anterior.
